Los abogados Rodrigo y Gustavo González Planas, quienes ejercen la defensa del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, adelantaron en sus alegatos iniciales que probarán durante el juicio oral que Roa es inocente de los hechos que le imputa el Ministerio Público.
La defensa sostiene que Roa Burgos es un empresario exitoso, dueño de una importadora que le generó una utilidad de G. 15 mil millones solo en el año 2012, por lo que su solvencia económica está probada, sumado a que la Contraloría dictaminó que existe correspondencia en su patrimonio y que sus empresas fueron creadas mucho antes de que asumiera el cargo de ministro de la SEN.
Agrega la defensa que el acusado difícilmente podría haber incurrido en enriquecimiento ilícito, teniendo justificado todo su crecimiento patrimonial, asentado en su declaración jurada de bienes, incluyendo el yate.
“La investigación se inicia por enriquecimiento ilícito, pero la Contraloría emite un dictamen en el que concluye que hay correspondencia del crecimiento patrimonial, incluida la embarcación, cuya compra se realizó el 22 de agosto de 2018, fecha en la que ya se encontraba en proceso de renuncia. Esta renuncia fue presentada en dos oportunidades: el 14 de agosto ante Horacio Cartes y en octubre de 2018 ante Mario Abdo Benítez. ¿Quién paga una coima por adelantado, estando ya renunciante?”, señala la defensa de Roa.
Agrega que no resulta lógica la posición del Ministerio Público al señalar que Roa recibió la embarcación como coima, ya que, teniendo en cuenta la fecha de su renuncia y la compra del yate, estaría recibiendo una coima por futuras licitaciones. Todas estas documentaciones serán presentadas ante el tribunal que lleva el caso.
En cuanto a las diez licitaciones que cuestiona el Ministerio Público, la defensa afirma que solo dos de ellas fueron posteriores a la compra de la embarcación. Asegura que probará, con documentos, durante el juicio oral y público, que Joaquín Roa tiene justificado su crecimiento patrimonial, incluyendo el yate.
Para el Ministerio Público, existen suficientes elementos de prueba contra el exfuncionario Joaquín Roa y su amigo Alberto Koube Ayala. Se estima que el perjuicio patrimonial asciende a aproximadamente G. 16 mil millones, en concepto de alquiler de camiones y provisión de chapas.
Según la acusación, entre 2018 y 2021, el entonces ministro de la SEN quien ejercía funciones desde 2013, otorgó millonarias licitaciones y contrataciones a su amigo Alberto Koube Ayala, por un monto superior a G. 16 mil millones, con el fin de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional. Para ello, habrían montado una asociación criminal.
Estas adjudicaciones se habrían concretado con la participación de las empresas de Alberto Koube Ayala, como el Grupo Tapyracuai S.A., y de un esquema empresarial de terceros vinculados a él, tales como JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez, Katerine Ayala, entre otros.
En ese contexto, Joaquín Roa Burgos y Alberto Koube Ayala se habrían asociado con el objetivo de desviar fondos públicos de la SEN, obteniendo beneficios económicos indebidos, entre ellos la adquisición de una embarcación AZ 42, valuada en 450.000 dólares, y diversas sumas de dinero.
Según la Fiscalía, Alberto Koube fue beneficiado de manera sistemática con licitaciones de la SEN, utilizando sus propias empresas y a terceros firmas de amigos o personas vinculadas a él con el fin de desviar recursos en beneficio de la presunta “sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Koube”.
El tribunal de sentencia está presidido por una de las juezas con mayor experiencia en casos relacionados con delitos financieros, la magistrada Elsa García.
