El Ministerio Público ordenó la detención de Aldo Javier Rodríguez González, director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación penal que busca esclarecer presuntas irregularidades en la elaboración, modificación y presentación de informes oficiales relacionados con la situación financiera de Ueno Bank.
La causa, investiga posibles hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución Fiscal n.º 10, firmada por los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Verónica Valdez Rivas y Laura Giacummo, integrantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Un informe técnico bajo cuestionamiento
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, Rodríguez González habría tenido participación en la modificación sustancial de un informe técnico elaborado por la Superintendencia de Bancos y remitido a la Cámara de Senadores en octubre de 2026.
La Fiscalía sostiene que el documento habría sido alterado mediante la supresión de información relevante sobre la situación financiera de Ueno Bank y de advertencias vinculadas con una operación de transferencia de cartera crediticia a Vinanzas S. A., por un monto aproximado de USD 74,4 millones.
La investigación busca determinar quiénes intervinieron en esas modificaciones, bajo qué circunstancias se realizaron y cuál habría sido su finalidad, atendiendo a la relevancia de la información que debía ser puesta en conocimiento del Poder Legislativo.
La presentación ante el Congreso
Otro de los aspectos incorporados a la investigación guarda relación con la comparecencia del funcionario ante el Congreso Nacional el 9 de octubre de 2026, ocasión en la que habría acompañado a otros directivos del BCP para presentar y respaldar el informe cuestionado.
Según la teoría fiscal, las actuaciones investigadas no se habrían limitado a la elaboración o modificación documental, sino que habrían involucrado una coordinación con otras autoridades del Banco Central para validar información presuntamente falsa.
Para el Ministerio Público, la eventual alteración de los datos habría obstaculizado el ejercicio de control parlamentario sobre la situación de Ueno Bank y demorado la adopción de posibles medidas correctivas, mientras la entidad continuaba operando en el sistema financiero.
Fondos públicos y previsionales, entre los aspectos investigados
La causa también examina una cuestión de especial relevancia institucional: la posible exposición de recursos vinculados al Fondo de Garantía de Depósitos, así como de fondos públicos y previsionales que se encontraban depositados en la entidad bancaria.
La Fiscalía deberá determinar, además, si las presuntas irregularidades documentales tuvieron incidencia concreta en las decisiones de los organismos encargados de supervisar y controlar la situación financiera de la entidad.
Una investigación que alcanza al ámbito de control financiero
La orden de detención fue comunicada a la Comandancia de la Policía Nacional a fin de que el funcionario sea puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.
El caso adquiere especial trascendencia por involucrar a un funcionario de alto rango del área jurídica del Banco Central y por las sospechas sobre el manejo de información técnica que debía servir de base para el control parlamentario de una entidad financiera.
La investigación busca confirmar si existió una manipulación deliberada de documentos oficiales, quiénes habrían participado y si esas actuaciones ocasionaron consecuencias sobre los mecanismos de supervisión y protección de los recursos comprometidos.
