El juez penal de garantías Humberto Otazú dispuso la prisión preventiva de Holger Insfrán, exsuperintendente de Bancos, imputado por presunta lesión de confianza. La Fiscalía sostiene que habría omitido activar mecanismos de control y exigir medidas correctivas pese a conocer operaciones crediticias que superaban los límites legales y que involucraban a empresas vinculadas a Ueno Bank.
El juez penal de garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de Holger Insfrán, exsuperintendente de Bancos, en el marco de la causa penal que investiga presuntas irregularidades financieras relacionadas con Ueno Bank.
Insfrán fue imputado por el Ministerio Público por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor. La investigación está a cargo de los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo y Verónica Valdez Rivas, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
La hipótesis fiscal apunta a una presunta omisión de sus deberes de supervisión y control sobre la entidad bancaria, pese a que habría recibido advertencias técnicas acerca de operaciones crediticias que comprometían los límites regulatorios y la exposición financiera de Ueno.
Créditos por G. 743.784 millones superaban el límite legal
Uno de los principales hechos atribuidos a Insfrán se remonta al 29 de abril de 2026. Según el acta de imputación, en esa fecha habría tomado conocimiento formal de excesos en los límites de crédito concedidos a empresas vinculadas a Ueno Bank: Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A.
Las obligaciones conjuntas de estas sociedades habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9 % del patrimonio efectivo de la entidad bancaria, cuando el límite regulatorio establecido era del 20 %.
Para los investigadores, pese a contar con información sobre esas operaciones y las observaciones técnicas correspondientes, el entonces superintendente no habría exigido la presentación del plan de regularización contemplado en la legislación bancaria.
La Fiscalía considera que esta omisión habría permitido que la entidad continuara operando sin que se activaran oportunamente los mecanismos correctivos previstos para este tipo de situaciones.
Una venta de cartera que habría sido financiada por el propio banco
Otro episodio central de la imputación guarda relación con una operación mediante la cual se habría considerado regularizada la situación de Ueno Bank el 16 de junio de 2026.
Se trata de la transferencia de una cartera crediticia a Vinanzas S.A. por aproximadamente US$ 74,4 millones. Sin embargo, según la hipótesis del Ministerio Público, la operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, a través de préstamos y transacciones con sociedades relacionadas.
La Fiscalía cuestiona que esa operación haya sido considerada suficiente para corregir los excesos crediticios, atendiendo a que el financiamiento habría involucrado nuevamente recursos provenientes de la propia entidad bancaria.
Informe de Supervisión no habría llegado al Directorio
La imputación también incorpora el tratamiento que recibió un informe técnico remitido el 10 de julio de 2026 por un exgerente de Supervisión del BCP.
El documento advertía sobre posibles irregularidades en la operación de transferencia de cartera a Vinanzas S.A. No obstante, según el relato fiscal, el informe habría sido comunicado al entonces presidente del BCP recién el 24 de julio y no habría sido elevado formalmente al Directorio de la institución.
Para los fiscales, este episodio forma parte de una serie de presuntas omisiones en el tratamiento de las alertas internas y en la adopción de medidas correctivas frente al deterioro de la situación financiera de Ueno Bank.
La representación fiscal sostiene que Insfrán no habría impulsado las acciones necesarias ni comunicado oportunamente al órgano colegiado del BCP la gravedad de las observaciones detectadas, mientras la entidad bancaria continuaba desarrollando sus operaciones.
Allanamiento y evidencias incautadas
En el marco de las diligencias investigativas, los fiscales Christian Benítez Cáceres y Elena Fiore Franco encabezaron un allanamiento en la vivienda del superintendente, donde se ejecutó una orden de detención dispuesta previamente por el Ministerio Público.
Durante el procedimiento fueron incautados documentos vinculados con sus funciones, computadoras, un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a los análisis correspondientes.
También fueron inspeccionados dos vehículos. En uno de ellos se encontraron maletas vacías, mientras que en el otro fueron localizados documentos y una computadora de trabajo, elementos que igualmente quedaron en poder de los investigadores.
