Miguel Vázquez, exCEO de la entidad, y otros dos exdirectivos deberán designar nuevos representantes legales tras la renuncia de los profesionales que habían asumido recientemente sus defensas. La causa investiga un presunto esquema de operaciones crediticias que habría comprometido activos del banco y recursos de terceros.
A pocos días de haber asumido la representación legal de algunos de los principales investigados, los abogados que se habían incorporado a la causa presentaron sus renuncias, dejando sin asistencia técnica a varios de los procesados.
Entre los afectados se encuentra Miguel Vázquez, exCEO de Ueno Bank, quien estaba siendo asistido por los abogados Víctor Dante Gulino, Álvaro Cáceres y Cristóbal Cáceres Frutos. Con la renuncia de estos profesionales, el exdirectivo deberá buscar un nuevo equipo jurídico para continuar ejerciendo su defensa en el proceso penal.
La situación también alcanza a Alejandro Gómez y Diego Fernando Duarte Schussmuller, otros dos exdirectivos de la entidad que quedaron sin representación legal tras la renuncia del abogado José Fernández Zacur. El profesional, sin embargo, continuará interviniendo en la causa, aunque exclusivamente en representación de Juan Manuel Gustale.
Ante este escenario, los imputados deberán designar abogados de su confianza para garantizar su asistencia técnica durante el proceso. En caso de no hacerlo, el Estado deberá asignarles un defensor público, conforme a las garantías que rigen el ejercicio del derecho a la defensa.
Un expediente de alto impacto financiero
Las renuncias se producen en una investigación de considerable complejidad, en la que el Ministerio Público atribuye a exdirectivos del banco, empresarios, accionistas y beneficiarios finales la presunta participación en un esquema de operaciones crediticias que habría comprometido el patrimonio de la entidad financiera.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, durante el periodo comprendido entre 2025 y 2026 se habrían autorizado préstamos a empresas vinculadas por montos desproporcionados respecto de su capacidad financiera, además de sobregiros que no contarían con suficiente respaldo.
La imputación también describe transferencias de dinero realizadas casi inmediatamente después de la liberación de los fondos hacia sociedades relacionadas con el mismo grupo económico. Para los investigadores, estas operaciones habrían permitido movilizar recursos del banco hacia estructuras empresariales vinculadas con los beneficiarios de los créditos.
Uno de los aspectos centrales de la sospecha fiscal es que los activos comprometidos estarían constituidos, principalmente, por recursos captados de terceros, cuya restitución representa una obligación de la entidad bancaria.
En el marco de esta investigación, los fiscales formularon imputación por cuatro hechos punibles y solicitaron la inhibición general de vender y gravar bienes de los investigados, como medida orientada a evitar la disposición de activos mientras avanza el proceso.
La salida de los abogados introduce así un nuevo movimiento procesal en un expediente que involucra a antiguos responsables de la estructura directiva de Ueno Bank y a empresarios presuntamente beneficiados por las operaciones cuestionadas. Mientras la Fiscalía sostiene su hipótesis sobre el circuito de créditos y transferencias, los imputados deberán reorganizar sus defensas para enfrentar las acusaciones en una investigación en la que todavía resta esclarecer el alcance de las responsabilidades individuales.
La fiscalía sigue realizando una serie de allanamientos en las empresas vinculadas al Grupo Vázquez así como en las residencias de los imputados.
