Un allanamiento en la sede de la universidad UNASUR permitió avanzar en una investigación por la presunta evasión de aportes obrero-patronales al Instituto de Previsión Social (IPS). La Fiscalía indaga una posible deuda acumulada entre 2022 y 2025 que superaría los G. 15.000 millones. También surgieron indicios sobre eventuales inconsistencias tributarias y la existencia de una supuesta cuenta paralela para cobrar cuotas a estudiantes.
La sede de la universidad UNASUR fue allanada por disposición del Ministerio Público, en el marco de una investigación penal por la presunta comisión del hecho punible de evasión de aportes a la seguridad social. El procedimiento fue encabezado por el agente fiscal Giovanni Grisetti, de la Sede 1 de Asunción, a partir de una denuncia presentada por representantes del Instituto de Previsión Social (IPS).
Los primeros datos recabados por los investigadores apuntan a una posible deuda superior a G. 15.000 millones en concepto de aportes que debían ser transferidos a la previsional. Las presuntas irregularidades abarcarían el periodo comprendido entre los años 2022 y 2025.
La investigación no se limita, sin embargo, al eventual incumplimiento de las obligaciones patronales. Según explicó el fiscal Grisetti, del cotejo de información con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) surgieron inconsistencias relacionadas con las declaraciones tributarias de la institución.
En ese contexto, se habría detectado que la universidad declaró pagos por aproximadamente G. 280 millones en concepto del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), aunque los datos contrastados por los investigadores no coincidirían con esa información. Ante estos elementos, el Ministerio Público no descarta ampliar las líneas investigativas para determinar si existieron hechos vinculados a la eventual presentación de documentos falsos y evasión impositiva.
Buscan reconstruir movimientos laborales y financieros
Durante el allanamiento, los investigadores se concentraron en la búsqueda de documentación laboral, administrativa, contable y societaria que permita reconstruir el funcionamiento financiero de la institución y verificar el cumplimiento de sus obligaciones.
Entre los elementos requeridos figuran contratos de trabajo, registros de cobros y descuentos, liquidaciones salariales, comprobantes de pago a funcionarios, declaraciones de aportes obrero-patronales y libros laborales y contables.
También se buscó acceder a equipos informáticos que contendrían información sobre las remuneraciones abonadas a los trabajadores y los pagos realizados por los estudiantes.
El objetivo de estas diligencias es contrastar los registros internos de la universidad con las declaraciones presentadas ante los organismos estatales y establecer si existieron diferencias entre los montos efectivamente percibidos, los salarios abonados y los aportes declarados al sistema de seguridad social.
Investigan una presunta cuenta paralela
Otro de los aspectos que concentra la atención de los investigadores es la posible existencia de una cuenta paralela, ajena a los canales oficiales de la universidad, que habría sido utilizada para recibir pagos de estudiantes.
Esta hipótesis abre una línea de investigación adicional, debido a las eventuales consecuencias para los alumnos que habrían realizado transferencias o depósitos sin que esos movimientos quedaran debidamente asentados en los registros institucionales.
De confirmarse esta modalidad, también deberá determinarse quiénes administraban esos recursos, cuál era su destino y si los cobros efectuados contaban con respaldo contable y administrativo.
La Fiscalía busca reunir elementos documentales y digitales que permitan determinar el alcance de las presuntas irregularidades, identificar a los responsables y establecer si los hechos investigados configuran otros ilícitos además de la supuesta evasión de aportes al IPS.
