El abogado Arsenio González Fleitas, representante del productor agrícola Jeová Leandro da Silva, de 80 años, denunció presuntas maniobras dilatorias de la defensa de Credi Merco S.A. para frenar un proceso judicial en el que su cliente obtuvo una sentencia favorable que reconoce la cancelación total de una deuda.
El conflicto se desarrolla en el juicio “Jeová Leandro da Silva c/ La Nativa de Negocios S.A. y Credi Merco S.A. s/ Desconocimiento de Deuda” (Expediente N.º 76/2024), en el que el juez civil Alessandro Mellone dictó la Sentencia Definitiva N.º 51, el 12 de agosto de 2026.
Mediante el fallo, el magistrado hizo lugar a la demanda y declaró inexistente y extinguida por pago total de buena fe la obligación contenida en un pagaré de USD 35.780, emitido en 2015 a favor de La Nativa de Negocios S.A.
Sin embargo, según denunció González Fleitas, cuando solicitó medidas cautelares para frenar la ejecución sobre los bienes de su representado, la abogada Mirna Kuchenmeister, en representación de Credi Merco, recusó al juez Mellone.
“La contraparte recusa con fines dilatorios y mala fe. En derecho, como corresponde, pedí una medida cautelar para paralizar el juicio ejecutivo ofreciendo una contracautela y la contraparte, sin que siquiera el expediente esté todavía en el Juzgado natural que pedí por 72 horas, ya recusa de forma extemporánea al juez natural Mellone”, cuestionó el profesional.
La disputa tiene como trasfondo otro expediente, el N.º 220/2018, tramitado ante el Juzgado de Minga Porã, donde se impulsa una ejecución que afectaría los inmuebles del productor por aproximadamente USD 116.000, derivada del mismo pagaré que, según la defensa, ya había sido cancelado y posteriormente endosado a Credi Merco.
Ante la recusación, el juez Mellone elevó los antecedentes al Tribunal de Apelación y solicitó el rechazo in limine del planteamiento, argumentando su extemporaneidad e improcedencia.
La sentencia también dispuso dejar sin efecto la ejecución tramitada en Minga Porã y levantar las medidas cautelares sobre los bienes del productor una vez que el fallo quede firme. Además, impuso las costas procesales a las firmas demandadas.
El caso fue denunciado ante la Comisión de Investigación de la Mafia de los Pagarés del Senado, que remitió los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia.
