El abogado penalista Guillermo Duarte Cacavelos cuestionó los cambios de criterio en las decisiones judiciales según el escenario político y advirtió sobre el trato desigual ante situaciones procesales idénticas. Como ejemplo, citó la causa Comisarías, que volvió a abrirse para el senador Rafael Filizzola, pese a que, según su defensa, prescribió para los demás procesados.
El profesional lanzó una dura crítica al funcionamiento del sistema de justicia y advirtió que las decisiones judiciales condicionadas por el contexto político generan inseguridad jurídica. Sostuvo que los cambios en el clima de poder coinciden, en determinados casos, con nuevas imputaciones o modificaciones de criterios jurisdiccionales, una situación que, a su entender, pone en riesgo la igualdad ante la ley.
“El Poder Judicial falla de acuerdo al poder de turno y eso, sumado a que se varía la correcta interpretación de la ley, genera una inseguridad jurídica”, afirmó el profesional, al cuestionar que personas que se encuentran en idénticas circunstancias procesales reciban respuestas judiciales diferentes.
Como ejemplo, Duarte Cacavelos mencionó la situación de su cliente, el senador Rafael Filizzola, cuya causa conocida como Comisarías fue reabierta por decisión de una Cámara de Apelaciones. La defensa sostiene que el proceso prescribió para los demás procesados, pero no para el legislador, quien deberá afrontar nuevamente una audiencia preliminar.
Los cambios políticos y las decisiones judiciales
Para fundamentar sus cuestionamientos, el abogado recordó también las actuaciones judiciales relacionadas con la investigación de la muerte de Rodrigo Quintana, ocurrida en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) durante la crisis política de marzo de 2017.
Duarte Cacavelos señaló que, durante esa investigación, la Fiscalía se había negado a obtener los extractos de llamadas de personas que se comunicaron con el entonces comandante de la Policía Nacional durante aquella noche. Según relató, el Poder Judicial respaldó inicialmente esa negativa.
“La Fiscalía se había negado, diciendo que yo quería esos extractos por morbo, el Poder Judicial le dio la razón”, recordó.
Sin embargo, el abogado afirmó que el escenario cambió después de que Mario Abdo Benítez ganara las internas del Partido Colorado. “Gana Marito las internas del Partido Colorado y no te miento que una semana después la Cámara de Apelaciones ordena que vengan todos los extractos”, relató.
A partir de esa secuencia, el penalista planteó sus reparos sobre la independencia de las decisiones jurisdiccionales y la influencia que, según su interpretación, puede ejercer el contexto político sobre el avance de las investigaciones.
La prescripción de la causa Comisarías
La preocupación del abogado se centra en la reapertura de la causa Comisarías, en la que Filizzola deberá enfrentar nuevamente una audiencia preliminar tras una resolución de una Cámara de Apelaciones.
El tribunal consideró que los denominados “tiempos muertos” del proceso no deben computarse de manera que favorezcan la prescripción de la causa. Ese criterio impide, en este caso, que la defensa invoque el transcurso del tiempo como fundamento suficiente para dar por extinguida la acción penal.
Duarte Cacavelos cuestiona que la situación procesal de su cliente sea distinta de la de los demás acusados. Para el abogado, esa diferencia exige examinar si se aplicaron criterios jurídicos consistentes ante circunstancias equivalentes.
El reclamo por igualdad ante la ley
El cuestionamiento de Duarte Cacavelos trasciende la situación particular de su defendido y apunta a la previsibilidad de las resoluciones judiciales. Su planteamiento es que la interpretación de la ley no debería variar según las circunstancias políticas ni producir resultados dispares entre personas que atraviesan situaciones procesales equivalentes.
“Una persona que está en la misma situación procesal que otra le tenemos a uno sobreseído y otro no, en idénticas circunstancias y eso es inaceptable”, sostuvo.
La crítica instala un debate sobre la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la obligación de los tribunales de fundamentar sus decisiones con criterios jurídicos coherentes, independientemente del escenario político.
En el caso Comisarías, el punto central será determinar cómo se aplican las reglas de prescripción a Filizzola y cuál es el fundamento jurídico para diferenciar su situación de la de los demás procesados. En esta causa, dos magistrados de Garantías ya habían ordenado la prescripción de la causa.
El Ministerio Público, insiste en llevar el caso a juicio oral al sostener que, varias de las obras ejecutadas en el marco de la causa no habrían sido necesarias, lo que habría ocasionado un supuesto perjuicio patrimonial al Estado de aproximadamente G. 400 millones.
