El ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos propone una acordada para establecer parámetros más claros sobre las tareas de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional. El proyecto será tratado en la próxima sesión del pleno, luego de que su análisis fuera postergado.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Víctor Ríos, impulsa una propuesta de acordada que busca reglamentar con mayor precisión las funciones de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional y establecer parámetros más claros para el trabajo de los auditores.
“Este proyecto establece algunas modificaciones, creo que va a reglamentar mejor y definir mucho mejor las tareas de la auditoría”, expresó Ríos al referirse a la iniciativa, cuyo tratamiento fue postergado para el próximo miércoles.
El proyecto debía ser analizado en la sesión de este miércoles, pero finalmente quedó pendiente para la siguiente reunión del pleno de la máxima instancia judicial.
La propuesta se plantea en un contexto de cuestionamientos sobre el alcance de las evaluaciones que realizan los auditores de gestión jurisdiccional y la necesidad de precisar hasta dónde llegan sus atribuciones frente a la labor de los magistrados.
La preocupación por el alcance de las auditorías
Los ministros Víctor Ríos y Manuel Ramírez Candia ya habían manifestado públicamente su preocupación por el trabajo de los auditores de la Dirección de Auditoría Jurisdiccional.
Ambos advirtieron sobre evaluaciones que, a su criterio, podrían terminar convirtiendo a los auditores en una suerte de instancia superior de los jueces. También cuestionaron la rigurosidad de determinados informes elaborados en el marco de estas tareas de control.
La discusión plantea una cuestión institucional relevante: cómo fortalecer los mecanismos de auditoría y control dentro del Poder Judicial sin desdibujar los límites entre la revisión de la gestión jurisdiccional y las competencias propias de los magistrados.
En ese escenario, la acordada impulsada por Ríos apunta a introducir modificaciones reglamentarias que permitan definir con mayor claridad las tareas de la dependencia y los parámetros bajo los cuales deben desarrollarse las auditorías.
El pleno deberá definir el alcance de los cambios
El tratamiento de la propuesta en la próxima sesión de la CSJ será clave para conocer cuáles son las modificaciones concretas que se pretenden introducir y de qué manera podrían incidir en los procedimientos de auditoría.
La precisión de las funciones de los auditores resulta especialmente relevante en un sistema judicial en el que los mecanismos de control deben coexistir con la independencia de los jueces y el respeto a las competencias establecidas por el ordenamiento jurídico.
La iniciativa abre así un debate sobre los límites y la metodología de la auditoría jurisdiccional: el desafío consiste en garantizar controles rigurosos y transparentes, sin que estos se conviertan en una revisión de las decisiones judiciales que exceda las atribuciones del órgano auditor.
Por ahora, la propuesta todavía debe ser examinada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Su contenido definitivo y los alcances de las eventuales modificaciones dependerán de lo que resuelvan los ministros durante el tratamiento de la acordada.
