Ante 130 víctimas de feminicidio en tres años, el Senado tratará el 28 de octubre una vez más el proyecto que busca crear juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres. La iniciativa, impulsada por la senadora Lilian Samaniego junto con otros legisladores, plantea una respuesta judicial específica frente a una problemática que sigue dejando víctimas y familias destruidas. La Corte Suprema de Justicia también participa en el análisis técnico de la propuesta.
La creación de juzgados especializados para atender casos de violencia contra las mujeres llegará al debate del Senado este 28 de octubre, en un contexto marcado por la persistencia de la violencia de género y las alarmantes cifras de feminicidio en Paraguay. El proyecto de ley busca establecer órganos jurisdiccionales dedicados exclusivamente a esta problemática, con el objetivo de fortalecer la respuesta judicial y brindar mayores garantías de protección a las víctimas.
La propuesta, encabezada por la senadora Lilian Samaniego junto con otros parlamentarios, volvió a ser impulsada para que el Congreso avance en su tratamiento. El planteamiento cobra relevancia ante el registro de 130 víctimas de feminicidio en un periodo de tres años, una cifra que expone la gravedad de la violencia contra las mujeres y sus devastadoras consecuencias en las familias y la sociedad.
El proyecto denominado “Que crea Juzgados y Tribunales Especializados en materia de Violencia contra las Mujeres” pretende establecer una estructura judicial enfocada en abordar estos casos de manera específica, atendiendo las particularidades de la violencia de género y la necesidad de brindar respuestas oportunas a quienes recurren al sistema de Justicia.
La discusión legislativa abre, además, un interrogante central: ¿cómo garantizar que las denuncias por violencia contra las mujeres reciban una respuesta judicial efectiva antes de que las agresiones escalen hasta consecuencias irreparables?
La Corte Suprema participa en el análisis técnico
En el marco del estudio de la iniciativa, el gabinete de la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes Ocampos, interviene en la elaboración de un parecer técnico sobre el proyecto de ley. El análisis fue solicitado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública y por la Comisión de Equidad y Género, ambas de la Cámara de Senadores.
Asimismo, la máxima instancia judicial dispuso la designación de representantes para integrar la mesa de trabajo vinculada con el estudio de la propuesta. Fueron designadas la camarista Silvana Luraghi, la camarista Susana Granado y la doctora Silvia López Safi, de la Secretaría de Género del Poder Judicial.
La participación de estas representantes permitirá incorporar la perspectiva institucional del Poder Judicial al análisis de la iniciativa, en una discusión que requiere examinar tanto el diseño de los nuevos órganos jurisdiccionales como las condiciones necesarias para que puedan cumplir con sus objetivos.
El desafío: que la especialización se traduzca en protección
La eventual creación de juzgados y tribunales especializados representa una propuesta de reorganización de la respuesta judicial ante la violencia contra las mujeres. Sin embargo, su eficacia dependerá de cómo se concrete su implementación, de los recursos disponibles y de su articulación con las demás instituciones responsables de prevenir la violencia, investigar los hechos y proteger a las víctimas.
La especialización judicial, por sí sola, no elimina los riesgos ni garantiza que una mujer que denuncia reciba protección inmediata. Para que el proyecto alcance sus objetivos, será fundamental considerar aspectos como la disponibilidad de personal capacitado, la infraestructura, la coordinación interinstitucional y la capacidad de dar seguimiento a las medidas de protección.
En casos de violencia de género, la oportunidad de la respuesta institucional puede resultar determinante. Las demoras, la falta de seguimiento de las órdenes de alejamiento, las dificultades para acceder a mecanismos de protección pueden profundizar la vulnerabilidad de quienes denuncian.
Por ello, el tratamiento legislativo previsto para el 28 de octubre será una instancia relevante para definir el rumbo de una iniciativa que busca dar una respuesta judicial específica a una problemática de alto impacto social.
Frente a las cifras de feminicidio y las consecuencias que la violencia deja en las familias, el desafío no se limita a crear nuevas estructuras judiciales. La cuestión de fondo es si el Estado logrará convertir las herramientas legales e institucionales en mecanismos efectivos para proteger a las mujeres, evitar la repetición de las agresiones y garantizar el acceso real a la Justicia.
