La experta en derechos humanos y género sostiene que la multiplicidad de instancias para denunciar, la sobrecarga de los juzgados de Paz y la falta de mecanismos efectivos de control sobre los agresores dificultan la protección de las víctimas. Plantea la necesidad de crear juzgados especializados y fortalecer las medidas de seguridad.
La violencia contra las mujeres y los sucesivos casos de feminicidio registrados en el país vuelven a poner en discusión la capacidad de las instituciones para garantizar una respuesta oportuna y efectiva a las víctimas. Para la experta en derechos humanos y género, la doctora Andrea Vera Aldana, una de las principales dificultades radica en las barreras que deben enfrentar las mujeres para acceder a la justicia, desde el momento en que deciden denunciar hasta la aplicación efectiva de las medidas de protección.
La profesional identifica como uno de los problemas estructurales la multiplicidad de instancias por las que deben pasar las víctimas, entre ellas la Policía, la Fiscalía y los juzgados de Paz. Este recorrido puede convertirse en un proceso desgastante, especialmente para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica, dependen de sus agresores o desconocen los procedimientos para solicitar ayuda.
“Uno de los problemas estructurales de acceso a la justicia tiene que ver con las distintas instancias”, señaló Vera Aldana, al cuestionar las dificultades que implica para las mujeres transitar por diferentes instituciones para obtener protección.
Juzgados de Paz sobrecargados y falta de especialización
Otro de los puntos señalados por la especialista es el papel de los juzgados de Paz, que constituyen una de las instancias más cercanas a las comunidades y reciben denuncias vinculadas con situaciones de violencia. Sin embargo, estas dependencias también deben atender una diversidad de asuntos judiciales, lo que puede limitar su capacidad para brindar un acompañamiento específico a las víctimas.
Vera Aldana explicó que estos juzgados intervienen en distintas materias, entre ellas cuestiones civiles, laborales, de la Niñez y otros litigios, por lo que deben responder a una importante carga de expedientes y competencias.
“¿Qué posibilidad hay de que los juzgados de Paz realmente intervengan de manera específica, acompañen y sepan, si hay una sobresaturación de distintos temas, en distintas competencias?”, cuestionó.
Ante esta situación, la experta considera necesario avanzar en la creación de juzgados especializados que se dediquen específicamente a los casos de violencia contra las mujeres. La propuesta apunta a contar con instancias que puedan brindar una atención adecuada a la complejidad de estas situaciones y fortalecer la respuesta judicial frente a las denuncias.
Distancia, dependencia económica y presión social
Las dificultades para acceder a la justicia no se limitan al funcionamiento de las instituciones. Vera Aldana advirtió que existen otras barreras sociales, económicas y culturales que pueden impedir que las mujeres denuncien o continúen con los procedimientos.
En las zonas rurales, por ejemplo, el traslado hasta una dependencia policial o judicial puede representar un costo significativo. A ello se suma la necesidad de conseguir permiso en el trabajo, encontrar a alguien que acompañe a la víctima o resolver el cuidado de otras personas a su cargo.
La dependencia económica del agresor también puede convertirse en un factor determinante, al igual que el miedo a las represalias y la presión del entorno.
En las comunidades pequeñas, la exposición de la situación de violencia puede generar cuestionamientos hacia la víctima y actitudes que buscan justificar o naturalizar las agresiones. La especialista atribuyó estas conductas a patrones culturales machistas profundamente arraigados.
“La cultura supermachista que tenemos incorporada como cultura” constituye, según su análisis, uno de los factores que perpetúan la violencia y dificultan que las mujeres busquen ayuda.
A estas barreras se suma el desconocimiento sobre dónde denunciar, qué pasos seguir y cuáles son los mecanismos disponibles para obtener protección. Cuando una víctima debe acudir a distintas dependencias, repetir su relato y buscar respuestas en cada instancia, el procedimiento puede convertirse en una nueva fuente de desgaste.
Órdenes de alejamiento y riesgos para las víctimas
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por Vera Aldana es la seguridad de las mujeres después de que se dicta una orden de alejamiento contra el agresor.
La especialista advirtió que la emisión de una medida de protección no garantiza, por sí sola, que el agresor cumpla con la disposición ni que la víctima esté efectivamente a salvo. Por ello, considera fundamental analizar qué mecanismos de seguimiento y control existen para evitar que el denunciado se acerque nuevamente a la mujer.
“Generalmente, cuando se emite la orden de alejamiento, aumenta el peligro para la mujer porque, claro, no hay una forma de control como la tobillera electrónica”, manifestó.
En ese sentido, planteó la necesidad de evaluar herramientas tecnológicas y mecanismos físicos que permitan controlar el cumplimiento de las medidas judiciales y prevenir nuevos episodios de violencia.
La entrevistada mencionó la tobillera electrónica como una alternativa que podría contribuir a la protección de las víctimas. No obstante, indicó que, según su conocimiento, este mecanismo no estaría siendo utilizado durante la vigencia de las órdenes de alejamiento dictadas por los juzgados de Paz, sino en el marco de procesos penales abiertos.
Su planteamiento apunta a examinar si estos dispositivos y otros sistemas de monitoreo pueden aplicarse de manera oportuna, especialmente en los casos en que el riesgo para la mujer persiste después de la denuncia.
Una respuesta integral frente a la violencia
Para Vera Aldana, enfrentar la violencia contra las mujeres exige revisar tanto el funcionamiento del sistema de justicia como las condiciones sociales que dificultan el acceso a la protección.
La creación de juzgados especializados, la reducción de las barreras burocráticas, el acompañamiento a las víctimas y el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre los agresores forman parte de los desafíos identificados por la profesional.
La discusión también pone en evidencia que la protección no puede limitarse a recibir una denuncia o dictar una medida judicial. Es necesario que las instituciones puedan garantizar que las disposiciones se cumplan y que las mujeres cuenten con condiciones reales para mantenerse a salvo.
En un contexto marcado por la violencia contra las mujeres y los casos de feminicidio, la advertencia de la especialista apunta a una cuestión central: el acceso efectivo a la justicia requiere no solo que existan vías para denunciar, sino también que la respuesta institucional sea accesible, especializada y capaz de prevenir nuevas agresiones.
