La abogada Alejandra Peralta Merlo presentó una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones que impusieron los gastos judiciales a comisiones vecinales y empresas que promovieron un amparo contra industrias de Tablada. Solicita frenar cualquier gestión de cobro mientras se estudia el recurso.
Las comisiones vecinales de Tablada recurren a la Corte Suprema de Justicia para evitar que la condena en costas de un amparo ambiental se convierta en una carga económica para sus integrantes.
La abogada Alejandra Peralta Merlo promovió una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones que rechazaron el amparo e impusieron los gastos judiciales a los accionantes.
La presentación se realizó en representación de las comisiones vecinales Nueva Esperanza, Virgen de Fátima II y San Francisco de Asís, además de varias empresas vinculadas con la zona.
El recurso no busca reabrir la discusión sobre el fondo del amparo, sino cuestionar exclusivamente la imposición de las costas procesales.
La acción original fue promovida contra Beef SA y Frigomerc SA, con el objetivo de obtener medidas de prevención, cese y protección ante una problemática ambiental y territorial denunciada por los accionantes.
El juzgado rechazó el amparo mediante la S.D. N.º 277, del 18 de septiembre de 2026, y posteriormente impuso las costas a la parte actora a través de la S.D. N.º 278.
El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, confirmó ambas decisiones mediante el Acuerdo y Sentencia N.º 85, del 30 de septiembre de 2026, y también impuso las costas de segunda instancia.
“El perjuicio del deterioro de la calidad de vida. Por culpa de las industrias que operan en esa zona. Sumado a eso ahora corren el riesgo de perder sus viviendas precarias y toda su vida de esfuerzo si no se corrige la arbitraria imposición de costas”, manifestó la recurrente al exponer las consecuencias que, según sostiene, podría generar la condena económica.
Piden suspender los cobros
Como medida urgente, Peralta Merlo solicitó suspender los trámites de regulación, liquidación, aprobación y ejecución de honorarios profesionales y costas hasta que la Corte resuelva la acción de inconstitucionalidad.
También pidió que los órganos judiciales y los profesionales intervinientes se abstengan de iniciar o continuar gestiones de cobro mientras permanezca pendiente la decisión.
La abogada sostiene que el amparo no perseguía indemnizaciones ni beneficios patrimoniales, sino la protección de derechos ambientales y colectivos.
Cuestionan la aplicación automática de las costas
Uno de los argumentos centrales es que las resoluciones judiciales distinguieron entre el rechazo del amparo por razones procesales y la existencia de los derechos constitucionales invocados.
Según la recurrente, la primera instancia señaló que no estaba controvertida la existencia de derechos constitucionales lesionados, mientras que la alzada sostuvo que rechazar el amparo no implicaba desconocer esos derechos.
Para Peralta Merlo, perder una acción por considerar que debía utilizarse otra vía judicial no significa necesariamente haber litigado sin fundamento razonable.
Además, remarca que ninguna de las resoluciones declaró que los accionantes hubieran actuado con temeridad, mala fe o abuso procesal.
Alertan sobre el acceso a la Justicia
La presentación advierte que una condena económica elevada podría desalentar a vecinos y organizaciones de promover futuras acciones en defensa del medioambiente.
En ese sentido, invoca las garantías de acceso a la Justicia y protección judicial previstas en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Sala Constitucional deberá analizar si la imposición de costas resulta compatible con las garantías invocadas y si corresponde declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones en ese aspecto.
Por ahora, las comisiones vecinales buscan evitar que los costos del litigio comprometan su situación económica y se conviertan, según la recurrente, en un obstáculo para reclamar judicialmente la protección de sus derechos ambientales.
