La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el planteamiento contra los camaristas de Presidente Hayes, al considerar que la acusada no expuso motivos concretos que pusieran en duda la imparcialidad de los magistrados. La decisión permite avanzar con el trámite de las recusaciones pendientes contra el Tribunal de Sentencia.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación promovida por Zully Concepción Ortiz García contra los integrantes del Tribunal de Apelación Multifueros de Presidente Hayes, en el marco de la causa conocida como la “mafia de pagarés”. La decisión despeja uno de los obstáculos procesales que mantienen trabado el inicio del primer juicio oral y público en el caso.
La acusada había recusado a los magistrados Gizela María Palumbo Arámbulo, Blas Ramón Cabriza Rojas y Paola Beatriz Duarte Román, alegando que no tenía confianza en el actuar del Tribunal de Apelación.
Sin embargo, los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes consideraron que los argumentos presentados no reunían los requisitos legales para justificar la separación de los camaristas.
En su voto, Ramírez Candia sostuvo que la recusante no invocó ninguna de las causales previstas en el artículo 50 del Código Procesal Penal ni expuso circunstancias fácticas concretas que permitieran sospechar que la imparcialidad o independencia de los magistrados estuviera comprometida.
“El simple hecho de no tener confianza hacia los magistrados del tribunal de apelación no configura motivo de separación de los magistrados”, señala el fundamento de la resolución, que concluye que corresponde declarar inadmisible el estudio de la recusación.
El ministro Luis María Benítez Riera se adhirió a los argumentos de su colega, mientras que la ministra Carolina Llanes también consideró improcedente el planteamiento. En su voto, remarcó que la recusación fue formulada en términos imprecisos e hipotéticos y que no se sustentó en ninguna de las causales expresamente contempladas en la normativa procesal penal.
Una traba procesal para el juicio oral
La recusación había incidido en la tramitación de la causa, cuyo avance hacia el juicio oral y público quedó condicionado por los incidentes promovidos por la acusada contra los integrantes del Tribunal de Sentencia y los camaristas.
Con la decisión de la Sala Penal, queda allanado el camino para que el Tribunal de Apelación estudie la recusación planteada contra los miembros del Tribunal de Sentencia, un paso necesario para destrabar el proceso y avanzar hacia la realización del juicio.
La resolución, no obstante, no constituye un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de Ortiz García, sino que se limita a examinar la admisibilidad de su planteamiento contra los magistrados de segunda instancia.
La acusación por el caso de la mafia de pagarés
La investigación conocida como “mafia de pagarés” se centra en presuntas maniobras judiciales vinculadas con la utilización de pagarés para promover ejecuciones y demandas de cobro, pese a que algunas de las obligaciones reclamadas habrían sido canceladas.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Ángela Mabel Zárate obtuvo en octubre de 2013 dos préstamos de la firma Vanessa y Asociados, por G. 3.360.000 y G. 3.840.000, respectivamente. Según la Fiscalía, ambas deudas fueron posteriormente canceladas mediante descuentos automáticos.
Sin embargo, la acusación sostiene que, pese a la cancelación de las obligaciones, los pagarés habrían sido entregados posteriormente a la abogada Zully Ortiz.
En 2020, Ortiz habría promovido una acción preparatoria de juicio ejecutivo y, posteriormente, una demanda por cobro de guaraníes ante el Juzgado de Paz de Nueva Italia.
Además de la abogada, también están acusados en esta causa Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva Krause, propietarios de la firma Vanessa y Asociados.
La causa forma parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en el uso de documentos de deuda para impulsar reclamos judiciales. Ahora, tras el rechazo de la recusación contra los camaristas, el proceso queda en condiciones de avanzar en el tratamiento de los incidentes pendientes, con la expectativa de que finalmente pueda encaminarse hacia el juicio oral y público.
