La extitular de Petropar fue promovida por seis meses al periodo de tratamiento dentro del régimen penitenciario. La resolución establece que deberá mantener su actividad laboral, proseguir sus estudios y someterse a seguimiento psicológico periódico, en el marco de su condena por un caso de corrupción pública durante la pandemia.
La expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, fue promovida al periodo de tratamiento penitenciario por un plazo de seis meses, según una resolución del Juzgado Penal de Ejecución a cargo de la jueza Sandra Silveira. La disposición judicial establece una serie de obligaciones que deberá cumplir durante esta etapa, entre ellas continuar con el tratamiento psicológico, mantener su actividad laboral y proseguir sus estudios académicos.
La resolución ordena que Samudio continúe con la atención psicológica a cargo de profesionales del Departamento del Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada, por el tiempo que se considere necesario. Asimismo, dispone que los responsables informen mensualmente a la magistratura sobre la evolución del tratamiento.
En el ámbito laboral, la exfuncionaria deberá seguir desempeñando la actividad que realiza actualmente, conforme al informe de la Oficina de Tratamiento Comunitario (OTC). También deberá continuar sus estudios con el objetivo de culminarlos.
La resolución judicial establece, además, que el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada deberá notificar a la condenada sobre la resolución. A su vez, el Organismo Técnico Criminológico y el Consejo Asesor tendrán que informar al juzgado sobre el cumplimiento y la culminación del tratamiento, conforme a lo previsto en el artículo 52 del Código de Ejecución Penal.
Una condena por corrupción durante la pandemia
La situación penitenciaria de Samudio se enmarca en la causa penal relacionada con la adquisición irregular de agua tónica y otros insumos por parte de Petropar durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. La condena impuesta a la extitular de la petrolera estatal y a su esposo, José Costa Perdomo, se encuentra en plena ejecución y la buena conducta atribuida a Samudio hace que la promuevan a esta etapa.
Durante el juicio oral y público, el tribunal de sentencia dio por probado que Samudio autorizó el pago de G. 350 millones a la empresa Solumedic para la compra de agua tónica y otros insumos. Sin embargo, según los magistrados, tanto la operación de compra como la venta fueron simuladas y fraudulentas.
De acuerdo con los hechos acreditados en el juicio, Costa Perdomo gestionó la operación pese a no ser funcionario de Petropar. Una vez que la empresa estatal transfirió el dinero, Solumedic habría derivado los fondos a una cuenta para cancelar una deuda del esposo de Samudio. Por estos hechos, Costa Perdomo fue condenado a tres años de prisión.
La crítica del tribunal a los condenados
Al fundamentar la sentencia, la jueza Gloria Hermosa, presidenta del tribunal de sentencia, cuestionó duramente la conducta de los acusados y la utilización de recursos públicos en plena crisis sanitaria.
La magistrada sostuvo que el caso no constituía un episodio más de corrupción pública, sino una operación mediante la cual los acusados obtuvieron un beneficio económico indebido aprovechándose de la emergencia sanitaria.
«Este no es simplemente un caso más de corrupción pública. Obtuvieron un beneficio económico indebido aprovechándose de una crisis de salud pública. Se observó una falta de empatía y responsabilidad civil. La pandemia causó más de 19.600 muertes, personas que fallecieron por falta de insumos, mientras estos individuos, Patricia Samudio y José Costa, llevaban a cabo una operación fraudulenta en beneficio personal», expresó Hermosa.
La causa tuvo especial repercusión debido a que los hechos investigados ocurrieron mientras el sistema sanitario enfrentaba una fuerte presión por la pandemia y el país atravesaba una crisis marcada por la escasez de insumos médicos.
Con la condena firme, ambos están compurgando las penas impuestas por la Justicia. En el caso de Samudio, la resolución del Juzgado Penal de Ejecución N.º 03 dispone ahora su promoción por seis meses al periodo de tratamiento penitenciario, bajo reglas específicas y con seguimiento de las autoridades responsables de su proceso de reinserción.
