La defensora pública Laticia Casaccia consiguió nuevamente medidas favorables para María Estela Ozuna, una docente indígena que enfrenta diez juicios ejecutivos promovidos por Víctor Rotela y Carlos Barúa. La defensa ya había logrado la nulidad de uno de los procesos por irregularidades y ahora obtuvo el levantamiento de siete embargos que afectaban directamente el salario de la docente.
La ofensiva judicial emprendida por la defensora pública Laticia Casaccia permitió avanzar nuevamente en la protección de los derechos de María Estela Ozuna, docente indígena de General Bruguez que enfrenta múltiples procesos ejecutivos vinculados al esquema de pagarés que ha generado numerosas denuncias en los tribunales.
Ozuna tiene actualmente diez juicios ejecutivos promovidos por Víctor Rotela y Carlos Barúa, procesos en los que se habían dispuesto medidas cautelares que impactaban directamente sobre su salario.
A pedido de la defensa pública, fueron levantados siete de los diez embargos que pesaban sobre la remuneración de la docente, mientras continúan en trámite los demás procesos judiciales.
La nueva actuación de Casaccia se suma a una serie de resultados favorables obtenidos en representación de Ozuna. Previamente, la defensora logró que uno de los juicios fuera declarado nulo, luego de que durante la tramitación se detectaran irregularidades que comprometían la validez del proceso seguido contra la docente.
El salario, en el centro de la disputa
El levantamiento de los siete embargos representa un alivio para la afectada, debido a que las medidas recaían sobre su principal fuente de ingresos. Las decisiones adoptadas para frenar los embargos ya fueron notificados debidamente al MEC para que proceda a cumplirlas.
La defensa planteó ante los juzgados correspondientes la necesidad de dejar sin efecto las medidas cautelares mientras continúan los procesos ejecutivos y se analiza la situación jurídica de cada uno de los expedientes.
De esta manera, siete de los diez embargos fueron levantados, aunque los litigios aún no concluyeron en su totalidad.
El caso de Ozuna se inscribe en el escenario de numerosas causas judiciales relacionadas con pagarés y presuntas irregularidades en procesos ejecutivos, fenómeno que ha puesto bajo atención la utilización de documentos de deuda para promover acciones judiciales contra personas que, en varios casos, cuestionan haber contraído las obligaciones reclamadas o denuncian irregularidades en la documentación y en los procedimientos.
Una defensa que ya consiguió la nulidad de un juicio
Para Casaccia, el avance más significativo dentro del caso de Ozuna ya se había producido con la declaración de nulidad de uno de los procesos ejecutivos.
La decisión se sustentó en irregularidades detectadas durante la tramitación del juicio, según los planteamientos formulados por la defensa.
Mientras los restantes expedientes siguen su curso, la defensora continúa impulsando las acciones destinadas a resguardar los derechos de la docente y evitar que las medidas cautelares afecten de manera desproporcionada sus ingresos.
El levantamiento de los siete embargos constituye así un nuevo resultado favorable para la docente indígena, aunque los otros procesos ejecutivos todavía se encuentran pendientes de resolución.
El caso vuelve a poner en discusión el impacto que tienen las medidas cautelares sobre los salarios y la necesidad de que los procesos ejecutivos cumplan estrictamente con las garantías y requisitos establecidos por la legislación, particularmente cuando están comprometidos los ingresos de trabajadores utilizados para su subsistencia.
