El juicio oral y público a Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, y otros diez acusados por lesión de confianza avanzó este martes con la producción de pruebas documentales. El fiscal Silvio Corbeta detalló facturas vinculadas a las empresas que, según la acusación, debían abastecer los alimentos destinados a los kits distribuidos durante la pandemia.
La etapa de producción de pruebas del juicio oral por el denominado caso “Tía Chela” avanzó este martes con la incorporación y exposición de documentación relacionada con la compra de kits de alimentos realizada por la Municipalidad de Ciudad del Este durante la pandemia de COVID-19.
Durante la audiencia, el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta puso especial énfasis en las facturas emitidas por las empresas que aparecen como proveedoras dentro de la cadena de abastecimiento de los alimentos. La Fiscalía busca, a través de estos documentos, reconstruir la trazabilidad de los productos y establecer si las operaciones comerciales consignadas en las facturas efectivamente se produjeron.
El juicio se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres. La causa tiene como principal acusado al exintendente Miguel Prieto y a otros diez procesados.
Las facturas, en el centro de la prueba
La documentación analizada por el Ministerio Público corresponde a las empresas encargadas de proveer los productos que debían conformar los 25.000 kits de alimentos contratados por la comuna esteña.
La Fiscalía sostiene que el análisis de las facturas permite detectar inconsistencias en la cadena de provisión. De acuerdo con la acusación, existen documentos que consignan operaciones de compra realizadas en fechas posteriores a aquellas en las que los alimentos supuestamente ya habían sido recibidos por la Municipalidad de Ciudad del Este.
Estas diferencias temporales forman parte de la hipótesis fiscal respecto a que la documentación habría sido utilizada para respaldar operaciones que no se correspondían con la disponibilidad real de los productos.
El Ministerio Público ya había señalado durante sus alegatos iniciales que los informes de organismos de control y el análisis de facturas constituyen elementos centrales de su teoría del caso. La Fiscalía sostiene que la trazabilidad tributaria permitió cuestionar la existencia y disponibilidad de determinados productos en la cadena de proveedores.
¿Qué sostiene la acusación?
Según la acusación fiscal, Prieto, en su condición de ordenador de gastos de la Municipalidad de Ciudad del Este, habría encabezado una estructura integrada por funcionarios municipales que intervino en distintas etapas del proceso de contratación.
La Fiscalía sostiene que ese grupo habría permitido concretar la adjudicación de la provisión de alimentos a Tía Chela SRL, mediante un procedimiento de contratación por la vía de la excepción.
El contrato contemplaba la adquisición de 25.000 kits por un monto de G. 2.949.650.000. Sin embargo, el Ministerio Público atribuye a la operación un supuesto perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.160 para las arcas municipales.
La tesis fiscal apunta además a que Tía Chela no habría contado con la capacidad financiera, técnica y de experiencia necesaria para cumplir con la provisión en las condiciones establecidas. También cuestiona la utilización de la vía de excepción para realizar la contratación.
La defensa sostiene una versión diferente
La acusación fiscal es controvertida por la defensa de Prieto. Sus abogados sostienen que los 25.000 kits fueron entregados y que durante el juicio presentarán documentos, fotografías, videos y testimonios para respaldar esa posición.
La defensa también cuestionó la interpretación que realiza la Fiscalía sobre las facturas y la trazabilidad de los productos, señalando que algunos de los documentos cuestionados corresponderían a operaciones realizadas por proveedores de los proveedores de la Municipalidad, y no directamente al contrato municipal.
Por tanto, uno de los puntos que deberá dilucidarse durante el debate oral será precisamente el valor probatorio de esa documentación y si las operaciones comerciales consignadas en las facturas permiten demostrar —o descartar— la efectiva provisión de los alimentos contratados.
Una causa que se remonta a la pandemia
El proceso investiga una contratación realizada entre marzo y julio de 2020, en pleno contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
La Fiscalía sostiene que la Municipalidad de Ciudad del Este recurrió a una contratación por vía de excepción para adquirir los kits y que el procedimiento habría sido direccionado para favorecer a Tía Chela SRL. La acusación también cuestiona que la empresa tuviera capacidad suficiente para cumplir con el volumen contratado.
Prieto, por su parte, ha rechazado las acusaciones y sostiene que la causa responde a una persecución política.
Con la incorporación de las facturas y demás documentos, el juicio entra así en una de sus etapas centrales: la confrontación de la documentación que sustenta las distintas versiones sobre cómo se realizó la compra, quiénes intervinieron y si los productos que fueron pagados con fondos municipales efectivamente existieron, fueron adquiridos y llegaron a destino.
