Una grave situación que involucra a juzgados penales de Garantías de Concepción fue expuesta durante la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia. El ministro Eugenio Jiménez Rolón informó sobre la detección de resoluciones judiciales vinculadas con la entrega de vehículos como depositario judicial que, según los primeros elementos recogidos, habrían sido incorporadas en expedientes en formato papel pese a que ya se encontraba operativo el sistema de expediente judicial electrónico en dicha Circunscripción.
El caso salió a la luz a raíz de un accidente de tránsito. Durante la verificación de la documentación que justificaba la tenencia de uno de los vehículos involucrados, apareció un Auto Interlocutorio del año 2023, dictado aparentemente por un juzgado de Concepción, mediante el cual se designaba como depositario judicial del automóvil a uno de los protagonistas del incidente.
Sin embargo, la resolución generó dudas cuando fue contrastada con el expediente al que supuestamente correspondía.
Una resolución que no correspondía al expediente
Según explicó Jiménez Rolón ante el pleno, la agente fiscal interviniente comunicó la situación al actual juez, quien inició una investigación al advertir que el Auto Interlocutorio mencionado no correspondía al expediente en el cual supuestamente había sido dictado.
El magistrado realizó algunas diligencias y posteriormente comunicó los resultados al presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción, Fabio Alberto Cabañas.
El informe fue elevado a consideración del ministro Jiménez Rolón el 21 de agosto. Ante la gravedad de los indicios, el ministro dispuso que se formulara la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
“En cumplimiento de la obligación legal correspondiente, formúlese la denuncia pertinente en la brevedad posible ante el Ministerio Público”, fue la instrucción impartida, según relató durante la sesión de la máxima instancia judicial.
Auditoría a todos los juzgados de Garantías
Además de poner el caso en conocimiento de la Fiscalía, Jiménez Rolón informó que ese mismo 24 de agosto remitió una nota a la Dirección General de Auditoría para solicitar una auditoría integral del funcionamiento y la gestión de todos los juzgados Penales de Garantías de Concepción.
La decisión no se circunscribe al juzgado inicialmente mencionado, debido a que la investigación administrativa busca determinar si las irregularidades detectadas podrían extenderse a otros órganos jurisdiccionales.
Aunque la auditoría todavía no concluyó, el ministro señaló que ya existen elementos que llaman la atención de los investigadores.
Entre ellos, mencionó el hallazgo de nueve expedientes en los que se detectaron circunstancias consideradas llamativas respecto de las adjudicaciones de automotores en calidad de depositarios judiciales.
“La invención de un expediente en formato papel”
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que algunas de las resoluciones encontradas aparecen en formato papel, pese a que fueron emitidas en un periodo en el que ya se encontraba operativo el expediente judicial electrónico.
El ministro calificó esta circunstancia como particularmente grave y señaló que, de confirmarse, implicaría la creación de expedientes fuera del circuito ordinario de gestión judicial.
“Se ha procedido a la invención de un expediente en formato papel que, obviamente, no existía en el modo normal en que funcionan los juzgados actualmente”, afirmó Jiménez Rolón.
La expresión fue utilizada por el ministro para describir los elementos encontrados durante la revisión preliminar y deberá ser contrastada con el resultado de la auditoría y de la investigación fiscal.
El Ministerio Público deberá determinar responsabilidades
La denuncia ya fue remitida al Ministerio Público, que deberá establecer si los hechos denunciados podrían constituir algún tipo de ilícito y determinar quiénes eventualmente pudieron intervenir.
En paralelo, la auditoría de la Corte Suprema deberá establecer cómo fueron generados los documentos, quiénes tuvieron intervención en su elaboración o incorporación, a qué vehículos correspondían las resoluciones y bajo qué circunstancias se dispusieron las designaciones de depositarios judiciales.
El caso adquiere especial relevancia porque involucra la trazabilidad y seguridad de los expedientes judiciales, particularmente en un sistema en el que las actuaciones deben quedar registradas dentro de plataformas electrónicas oficiales.
Por ahora, tanto la investigación fiscal como la auditoría administrativa se encuentran en curso. Los hallazgos iniciales, entre ellos los nueve expedientes mencionados por el ministro, deberán ser sometidos a un análisis documental y jurídico para determinar si se trató de irregularidades administrativas, errores en la gestión de expedientes o si existen elementos que puedan derivar en responsabilidades disciplinarias o penales.
A raiz de la denuncia la Corte Suprema, ya adoptó las primeras medidas: denuncia ante el Ministerio Público y auditoría integral a los juzgados Penales de Garantías de Concepción.
