El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Arnoldo Wiens recusó al juez penal de garantías Humberto Otazú, a quien cuestiona por una serie de actuaciones procesales que, según sostiene, generan dudas razonables sobre la imparcialidad con la que interviene en la causa que enfrenta por el fallido proyecto Metrobús.
La recusación fue planteada por Wiens en la causa caratulada “Ramón Giménez Gaona y otros s/ lesión de confianza y otros”, en la que recientemente el Ministerio Público presentó acusación contra el exministro y solicitó que enfrente juicio oral y público por hechos vinculados al frustrado proyecto de transporte.
La Fiscalía sostiene que durante la gestión de Wiens al frente del MOPC se produjeron decisiones y omisiones que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado estimado en G. 14.955.317.035.
La acusación fue formulada por los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, quienes atribuyen al exministro, en calidad de autor, la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.
Cuestiona la secuencia procesal
En el escrito de recusación, Wiens sostiene que su planteamiento no responde simplemente a que las decisiones del juez hayan sido desfavorables a su posición procesal, sino a lo que considera una “secuencia objetiva de actuaciones procesales” que, analizadas en conjunto, afectarían la necesaria imparcialidad y distancia del órgano jurisdiccional.
El exministro centra uno de sus principales cuestionamientos en la forma en que se desarrolló el trámite previo a la presentación de la acusación fiscal.
Según expone, el 4 de agosto de 2026 su defensa promovió una excepción de falta de acción y otra de extinción de la acción penal por prescripción.
Tres días después, el 7 de agosto, el Juzgado Penal de Garantías dictó una providencia por la cual corrió traslado de las excepciones al Ministerio Público.
Posteriormente, el 11 de agosto, los agentes fiscales contestaron el traslado y, en la misma oportunidad, presentaron el requerimiento conclusivo de acusación contra Wiens, pese a que según señala la recusación el plazo fijado judicialmente para la presentación de dicho requerimiento vencía el 16 de agosto.
En esa misma presentación, el Ministerio Público solicitó además la abreviación del plazo.
El punto central del cuestionamiento de Wiens es que, al momento de presentarse la acusación, todavía no existía una decisión judicial que hubiera concedido esa abreviación del plazo.
A criterio de la defensa, esta sucesión de actuaciones constituye uno de los elementos que deben ser considerados para evaluar la imparcialidad del magistrado y justificar su apartamiento de la causa.
La tesis fiscal sobre el Metrobús
En paralelo, el Ministerio Público sostiene en su requerimiento conclusivo que la investigación permitió reconstruir la cadena de decisiones adoptadas desde agosto de 2018, cuando Wiens asumió la conducción del MOPC.
La tesis fiscal apunta a decisiones adoptadas durante su administración y a supuestas omisiones relacionadas con la ejecución y posterior terminación del proyecto Metrobús, que finalmente no llegó a operar como estaba previsto.
Para la Fiscalía, esas actuaciones habrían derivado en un perjuicio patrimonial millonario para el Estado paraguayo. Por ello, los fiscales Silva, Adle y Grisetti sostienen la acusación y solicitan que el exministro sea sometido a juicio oral y público.
La presentación fiscal atribuye a Wiens responsabilidad penal en calidad de autor por los hechos punibles señalados, una imputación que deberá ser debatida en las distintas etapas del proceso y, eventualmente, ante un tribunal de sentencia.
Continuidad del proceso
En su recusación, Wiens también cuestiona que el juzgado haya estructurado la continuidad del procedimiento sobre la base de la prosecución de la acusación, pese a que se encontraba pendiente de resolución una excepción de extinción de la acción penal que, de prosperar, podría modificar el curso de la causa.
La defensa sostiene que el juzgado habría avanzado con el proceso aun cuando estaba pendiente una cuestión que podía resultar determinante para su continuidad.
El planteamiento busca que Otazú sea apartado de la causa. La decisión sobre la recusación corresponderá a la instancia judicial competente, mientras que las excepciones y los cuestionamientos planteados por la defensa deberán seguir el trámite procesal correspondiente.
