La abogada Noelia Núñez presentó una denuncia disciplinaria contra los integrantes del Tribunal de Sentencia Colegiado de Presidente Hayes, órgano que debía llevar adelante el primer juicio oral relacionado con la denominada “mafia de los pagarés”.
La presentación fue realizada ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y apunta contra los magistrados Corina Sanabria, Gregorio Paciello Cantero, José Eugenio Jacquet Rivarola y Víctor Sánchez, este último en carácter de suplente convocado.
Núñez actúa como representante de la querella adhesiva y de la víctima Ángela Mabel Zárate Ortigoza, en la causa caratulada “Mirtha Elizabeth Metel y otros s/ asociación criminal y otros”, en la que están acusados Zully Ortiz, Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva Krause, propietarios de la firma Vanessa y Asociados.
La abogada sostiene que una serie de actuaciones del tribunal terminó frustrando la apertura del primer juicio oral y advierte sobre el riesgo de que las demoras afecten el avance de la causa.
Cuestionan la suspensión del juicio
Uno de los principales cuestionamientos de la denuncia está dirigido contra la jueza Corina Sanabria, quien, según la presentación, no se presentó en la fecha fijada para el inicio del juicio oral.
Núñez afirma que la magistrada no habría presentado en ese momento una constancia o reposo médico debidamente homologado que justificara su ausencia. A criterio de la denunciante, esta situación provocó que el tribunal no pudiera llevar adelante el acto procesal previsto.
La presentación también cuestiona la actuación posterior del presidente del tribunal, Gregorio Paciello Cantero, y del magistrado José Eugenio Jacquet Rivarola, con la participación del suplente Víctor Sánchez.
Según sostiene la abogada, la integración del tribunal se produjo de manera apresurada y terminó derivando en la suspensión del debate. La denunciante califica esta actuación como una maniobra que habría generado una dilación indebida del proceso.
Estas afirmaciones corresponden a la denuncia presentada y deberán ser verificadas dentro del eventual proceso disciplinario.
Advierten sobre posible dilación
Uno de los argumentos centrales de la denuncia es que las sucesivas demoras podrían terminar afectando los derechos de la víctima y el desarrollo de la acción penal.
La abogada sostiene que la suspensión del juicio vulneró los principios de celeridad, inmediación, concentración y tutela judicial efectiva, además de generar un eventual riesgo de prescripción de los hechos investigados.
En ese sentido, Núñez afirma que la situación habría producido un perjuicio para su representada, quien reclama una respuesta judicial por el supuesto despojo de su patrimonio mediante títulos ejecutivos que, según la acusación, habrían sido utilizados de manera irregular.
Piden auditar al Tribunal
Para sustentar sus cuestionamientos, la abogada solicitó a la Corte Suprema que se recaben los registros de asistencia de la jueza Sanabria correspondientes a la fecha en que debía comenzar el juicio.
También pidió acceder a las grabaciones audiovisuales y fonográficas de la audiencia, con el objetivo de determinar cómo se conformó el tribunal, a qué hora se inició la actuación y cuáles fueron los argumentos utilizados para disponer la suspensión.
Además, requirió una auditoría de reacción inmediata con presencia de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial en la sede del Tribunal de Sentencia de Presidente Hayes.
El objetivo, según la denuncia, es relevar el estado procesal de la causa y de los expedientes relacionados.
Solicitan remitir los antecedentes al JEM
La presentación sostiene que las actuaciones denunciadas podrían constituir faltas graves contempladas en los incisos e) y f) del artículo 16 de la Acordada N.º 1597/2021, además de un supuesto mal desempeño de funciones.
Por este motivo, Núñez solicita la apertura de un sumario administrativo disciplinario y reclama la aplicación de la máxima sanción que corresponda conforme a la legislación.
Asimismo, pide que los antecedentes sean remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), conforme a la Ley N.º 6814/2021, para que se determine si existe responsabilidad funcional de los magistrados denunciados.
La denuncia se presenta en un momento particularmente sensible para la causa, debido a que este expediente es señalado como uno de los primeros procesos que llega a la instancia de juicio oral dentro de las investigaciones relacionadas con la denominada “mafia de los pagarés”.
Ahora, la Corte Suprema deberá analizar los planteamientos formulados y determinar si corresponde abrir una investigación disciplinaria sobre la actuación de los integrantes del tribunal.
