El Ministerio Público avanza en la investigación de un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones en el Instituto de Previsión Social (IPS), causa en la que están imputados dos expresidentes de la institución por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza.
El fiscal Julio Ortiz, titular de la Unidad Penal N.º 3 de la Sede 1 de Asunción, aguarda un informe de las autoridades del IPS sobre las obras no concluidas en la sede central, además de la verificación y contabilización de los equipos adquiridos en el marco de una licitación para la instalación de quirófanos modulares.
Como parte de las diligencias, el agente fiscal ingresó al predio acompañado por el presidente del IPS, Isaías Fretes, donde fueron localizados diversos elementos relacionados con el proceso de contratación. Durante la inspección se constató la existencia de varios productos que permanecen en stock.
Ahora, la institución deberá realizar un inventario para determinar con precisión la cantidad de bienes disponibles y contrastarla con la documentación correspondiente a la licitación. Este procedimiento permitirá establecer qué equipos fueron efectivamente entregados y cuál es su situación actual.
Verificaron el séptimo piso
Durante otra de las verificaciones, los representantes del Ministerio Público inspeccionaron el séptimo piso de la sede central del IPS, sector en el que estaba prevista la ejecución de parte de las obras.
En el lugar se constató que el piso había sido completamente desmantelado. Allí anteriormente funcionaban 11 quirófanos.
Según lo observado durante la diligencia, los trabajos no habrían avanzado debido a una advertencia relacionada con la estructura del edificio. Específicamente, se habría determinado que la instalación de los quirófanos modulares podía generar un exceso de peso y comprometer la estabilidad de la estructura.
Obra ejecutada parcialmente fue suspendida
En una tercera constitución fiscal, realizada en otro sector del IPS, los investigadores encontraron que una parte de las obras sí había sido ejecutada.
Sin embargo, debajo de la zona intervenida se encontraban tubos o tanques de helio, circunstancia que habría generado condiciones de riesgo para continuar con los trabajos.
Ante esta situación, las obras fueron nuevamente suspendidas.
Todos estos elementos fueron constatados durante las diligencias realizadas por el Ministerio Público y serán incorporados a la investigación fiscal.
El fiscal Ortiz aguarda ahora los informes técnicos y administrativos del IPS, además del resultado del inventario de los equipos, para determinar el alcance de las obras ejecutadas, los bienes efectivamente entregados y las circunstancias que llevaron a la paralización de los trabajos.
La investigación busca establecer eventuales responsabilidades en relación con el perjuicio patrimonial estimado en G. 61.000 millones.
