El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió levantar los fueros de la jueza de Pedro Juan Caballero, Librada Beatríz Peralta Céspedes, en el marco de la investigación penal que enfrenta por la presunta utilización de documentos falsificados durante concursos para cargos en la magistratura.
La decisión fue adoptada tras el pedido formulado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, quien durante la sesión explicó que acompañaba el retiro de inmunidad de la magistrada para permitir el avance de la investigación penal, aunque manifestó reparos respecto a una eventual suspensión inmediata en sus funciones.
Según argumentó el ministro, mantener a la jueza en el cargo mientras avanzan las diligencias busca evitar posibles perjuicios posteriores en caso de que las acusaciones no prosperen judicialmente.
“La Corte Suprema ya abrió una audiencia a la magistrada para decidir o no su suspensión”, señaló Ramírez Candia al referirse al proceso administrativo paralelo que se tramita en la máxima instancia judicial.
Además del levantamiento de fueros, el Jurado resolvió iniciar de oficio el enjuiciamiento de la magistrada por la presunta comisión de hechos punibles vinculados a la utilización de documentación adulterada en procesos de selección impulsados por el Consejo de la Magistratura.
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la investigación, varios postulantes a cargos judiciales habrían presentado documentos académicos presuntamente alterados con el objetivo de obtener mayores puntajes en las evaluaciones y mejorar sus posibilidades de integrar ternas para cargos de jueces, fiscales y defensores públicos.
Entre los documentos cuestionados figuran certificados de especialización, constancias de cursos de formación continua, certificados de escuela judicial y actualizaciones de legajos académicos.
La hipótesis fiscal sostiene que uno de los certificados utilizados correspondería originalmente a otra profesional y habría sido modificado con datos personales de distintos postulantes antes de ser cargado al sistema digital del Consejo de la Magistratura.
Las pesquisas también apuntan a una presunta participación de funcionarios vinculados al área de Archivo del Consejo de la Magistratura y de la Escuela Judicial, quienes habrían facilitado el ingreso de los documentos apócrifos al sistema informático institucional.
Según la investigación, esta supuesta maniobra tenía como finalidad beneficiar irregularmente a concursantes en los procesos de ponderación y conformación de ternas para acceder a cargos dentro del sistema de justicia.
La causa continúa en etapa investigativa mientras avanzan tanto el proceso penal como las actuaciones administrativas y disciplinarias impulsadas por los órganos de control judicial.
