La investigación contra la jueza de Pedro Juan Caballero, Librada Beatríz Peralta Céspedes, continúa generando repercusiones dentro del sistema judicial luego de que el fiscal Leonardi Guerrero aclarara públicamente detalles sobre la imputación presentada en su contra por la presunta utilización de documentos falsos en un concurso público.
El agente del Ministerio Público salió al paso de cuestionamientos surgidos tras la imputación y desmintió categóricamente cualquier tipo de reunión informal o intervención irregular con la magistrada, quien actualmente sigue en funciones mientras avanza el proceso de desafuero.
Guerrero explicó que la jueza no acudió a la sede del Ministerio Público ni solicitó acceso a la carpeta fiscal, ni antes ni después de la imputación.
“El expediente demuestra que no existió pedido de copias, intervención procesal ni reuniones en sede fiscal por parte de la magistrada o de algún representante suyo”, sostuvo el fiscal al referirse al caso.
No obstante, reveló que la jueza habría intentado conversar con él durante una audiencia preliminar desarrollada el pasado 20 de mayo en el Poder Judicial, en el marco de otra causa de alta repercusión pública vinculada a la denominada “mafia de pagarés”.
De acuerdo con el relato del representante fiscal, una abogada defensora de otro procesado se acercó para manifestarle que la magistrada deseaba mantener una conversación privada en una oficina contigua al salón auditorio donde se realizaba la diligencia judicial.
Ante esa situación, Guerrero afirmó que rechazó el planteamiento y dejó en claro que cualquier gestión o manifestación debía realizarse exclusivamente a través de los canales procesales establecidos y dentro de la sede fiscal correspondiente.
Las aclaraciones del fiscal surgieron luego de cuestionamientos y reclamos planteados desde distintos sectores judiciales, entre ellos expresiones del propio ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, respecto al procedimiento adoptado en la causa.
En ese contexto, Guerrero defendió la legalidad de todas las actuaciones realizadas y explicó que la imputación fue presentada conforme a las disposiciones procesales vigentes.
Indicó además que, debido a que la magistrada cuenta con fueros, el juzgado interviniente comunicó oficialmente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el pedido de desafuero, en cumplimiento del artículo 328 del Código Procesal Penal.
Asimismo, informó que el pasado 20 de mayo remitió a la Corte Suprema de Justicia copia íntegra de la imputación para conocimiento de la máxima instancia judicial y para que evalúe las medidas administrativas que considere pertinentes, teniendo en cuenta que la jueza continúa ejerciendo funciones en el interior del país.
Finalmente, el fiscal insistió en que toda investigación penal debe desarrollarse bajo estrictos criterios de legalidad, objetividad y transparencia, remarcando que cualquier comunicación entre partes involucradas en una causa debe canalizarse dentro de los mecanismos formales establecidos por el sistema acusatorio.
