La Corte Suprema de Justicia definió las líneas de acción que orientarán la gestión institucional durante el periodo 2026-2030, con el objetivo de consolidar un servicio de justicia más eficiente, transparente y alineado a las demandas de la ciudadanía.
El nuevo Plan Estratégico Institucional fue diseñado a partir de un proceso participativo que reunió a 318 referentes de distintos puntos del país, entre magistrados, funcionarios, representantes del sistema de justicia y miembros de la sociedad civil. A través de mesas de trabajo y espacios de análisis, se establecieron prioridades, metas concretas e indicadores que permitirán medir el cumplimiento de los objetivos trazados.
Durante la presentación, el presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, destacó que la planificación responde a la necesidad de proyectar el desarrollo del Poder Judicial con una visión de mediano plazo. Señaló que la misión constitucional de la institución aplicar la ley y resolver conflictos para contribuir a la paz social guía cada uno de los ejes definidos para el próximo quinquenio.
El titular del máximo tribunal sostuvo que el inicio de un nuevo ciclo estratégico representa una oportunidad para fortalecer el modelo de gestión y avanzar hacia estándares de desempeño más exigentes. En ese sentido, subrayó que uno de los principales retos es recuperar y consolidar la confianza pública en el sistema de justicia.
En el acto también se expusieron los resultados obtenidos durante el periodo estratégico anterior, haciendo énfasis en la importancia de contar con herramientas de evaluación que permitan verificar avances y detectar áreas de mejora. “La planificación debe traducirse en acciones concretas y medibles”, enfatizó Martínez Simón al instar a las distintas dependencias a trabajar con enfoque en resultados.
El proceso de formulación del plan contó con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desde la Dirección General de Planificación y Desarrollo se explicó que los nuevos lineamientos incorporan criterios de gestión pública moderna y mecanismos de seguimiento permanente. Asimismo, se recordó que el plan anterior fue ejecutado en un contexto marcado por la pandemia, lo que implicó desafíos excepcionales para la administración judicial.
El documento estratégico establece como ejes transversales la promoción de una justicia abierta, la innovación institucional y el respeto irrestricto de los derechos humanos, pilares que orientarán las políticas y proyectos del Poder Judicial hasta el año 2030.
