La jueza especializada Rosarito Montania emitió un llamado de atención a los abogados defensores de Gianina García, esposa del narcotraficante Sebastián Marset, tras una audiencia disciplinaria realizada en el marco de su proceso judicial.
Los abogados sancionados Luis Samaniego Correa, Hugo Núñez, Rafael Blanco, Osvaldo Arrúa, Pablo Vera, Christian González y Daniel Garcete, fueron advertidos por la magistrada sobre la obligación legal de litigar de buena fe, recordándoles la importancia de actuar con responsabilidad y ética profesional durante el ejercicio de su defensa.
La medida busca garantizar que el derecho a la defensa se ejerza dentro de los parámetros legales, evitando prácticas que puedan entorpecer la administración de justicia o afectar la transparencia del proceso.
La decisión de la jueza Montania subraya la vigilancia del Poder Judicial sobre el cumplimiento de los deberes éticos de los abogados, especialmente en casos de alta relevancia mediática y complejidad legal, como este caso.
Según el Ministerio Público, Gianina García Troche es una pieza clave dentro de la estructura financiera de lavado de activos vinculada al Operativo A Ultranza Py.
Conforme a la investigación fiscal, a cargo del fiscal Deny Yoon Pak, entre los años 2020 y 2021 la procesada habría participado activamente en el esquema económico de la organización criminal liderada por su esposo, Sebastián Marset, y Miguel Ángel Insfrán Galeano, estructura que habría logrado exportar más de 17 toneladas de cocaína al exterior, principalmente con destino a Europa y África.
El expediente detalla que Gianina García Troche ingresó oficialmente a Paraguay el 15 de mayo de 2018, acompañada de Marset, quien había recuperado su libertad en Uruguay tras cumplir una condena por tráfico internacional de drogas. Posteriormente, la pareja realizó frecuentes viajes entre Paraguay, Brasil y Uruguay, hasta establecerse de manera permanente en territorio paraguayo en octubre de 2019.
A partir de entonces, la Fiscalía sostiene que Marset y su entorno consolidaron una red de tráfico internacional de cocaína y lavado de activos, con el apoyo de colaboradores de los sectores financiero y empresarial. Según las pesquisas, García Troche fue beneficiaria directa de las ganancias ilícitas y habría realizado operaciones destinadas a introducir esos fondos en el sistema económico nacional.
El 23 de marzo de 2021, la investigada abrió una cuenta en el Banco Visión, a través de la cual efectuó diversas operaciones financieras. Entre ellas, se registran transferencias por G. 14.667.636 el 15 de mayo de 2021 y G. 6.594.550 el 3 de junio del mismo año. Para justificar la apertura de la cuenta, presentó un certificado laboral presuntamente falso, en el que figuraba como propietaria de un camión Volvo, matrícula BCR-701, supuestamente habilitado por la empresa Kuarahy S.R.L. para realizar transportes internacionales en el Mercosur, declarando ingresos mensuales de hasta USD 7.500. Sin embargo, la investigación comprobó que el vehículo no estaba a su nombre y que la documentación carecía de sustento real.
El expediente también consigna que el 3 de mayo de 2021 García Troche constituyó la empresa Grupo San Jorge S.A., bajo el nombre de fantasía Total Cars, junto con la ciudadana paraguaya Luisa Rosa Ortigoza. La sociedad fue registrada con un capital de G. 1.000 millones, monto que, según la Fiscalía, provenía de ganancias del tráfico de cocaína.
El Ministerio Público sostiene que la firma fue creada con el objetivo de dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos, canalizando dinero proveniente de la estructura criminal encabezada por Marset e Insfrán.
