Este 12 de enero se cumple el segundo aniversario de la decisión judicial que impuso una medida de censura al empresario Christian Chena y al medio digital RDN, en un fallo que generó una fuerte controversia por su impacto en la libertad de expresión y de prensa en Paraguay.
“Un día como hoy, 12 de enero de 2024, la jueza de paz de Trinidad Gloria Machuca había dictado su sentencia censurando a Christian Chena y al medio digital RDN por retuitear información de interés público relacionada a supuestos hechos de corrupción del actual embajador de Paraguay en Taiwán, Darío Filártiga, y su esposa Gisele Mousqués de Filártiga, mientras estaba al frente del IPS”, recordó la abogada especialista Alejandra Peralta Merlo, representante legal del empresario y del medio afectado.
La resolución, dictada al amparo de la Ley N° 5.777/16 de protección integral a la mujer, prohibió durante 365 días cualquier publicación o comentario que involucrara a Gisele Mousqués, quien había sido señalada en un video replicado por RDN como presunta recaudadora de porcentajes en licitaciones del Instituto de Previsión Social (IPS). La denunciante alegó que la difusión del material constituía “violencia contra la mujer”, pese a que el contenido abordaba presuntas irregularidades de evidente interés público.
En abril de 2024, el fallo fue revocado en segunda instancia por la jueza de Primera Instancia Rossana Frutos Olguín. “En el mes de abril de ese año logramos revertir el aberrante fallo de Machuca por medio de la resolución dictada por la jueza Rossana Frutos Olguín, quien entre otras cosas determinó que se habían cometido graves violaciones al debido proceso, además de censura previa”, subrayó Peralta Merlo.
En su resolución, Frutos Olguín sostuvo que la medida inicial configuraba una censura previa, incompatible con un sistema democrático, y remarcó que el material difundido por Chena y RDN se encontraba protegido por la libertad de expresión, especialmente al tratarse de denuncias vinculadas a posibles hechos de corrupción.
Pese a la revocatoria, Mousqués promovió una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión, la cual hasta la fecha no ha sido resuelta por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El ministro César Diesel figura como preopinante en la causa.
Si bien la medida de censura perdió vigencia el 12 de enero del año pasado, la abogada advierte que la falta de un pronunciamiento definitivo mantiene vigente la preocupación por la libertad de prensa. En ese sentido, Alejandra Peralta Merlo señaló que ha presentado varios urgimientos ante la Corte Suprema en busca de una definición final del caso.
“Para nosotros, hoy es un día para recordar que la libertad de expresión se defiende y la corrupción se combate”, concluyó la abogada.
