La abogada Noelia Núñez, representante legal de un grupo de afectados por el esquema conocido como la mafia de pagarés, instó a la Corte Suprema de Justicia incorporar una mirada humana en el abordaje del caso. En ese sentido, sostuvo que, además del avance penal, es urgente que el sistema judicial impulse acciones concretas para atender el grave daño psicológico sufrido por quienes fueron despojados de sus haberes durante años.
Núñez planteó la necesidad de conformar mesas de trabajo interdisciplinarias, con participación de profesionales de la salud mental, que permitan acompañar y contener a las víctimas tras haber atravesado situaciones críticas marcadas por embargos salariales y jubilatorios abusivos. “La justicia no puede limitarse solo a sancionar; también debe hacerse cargo de las secuelas humanas que dejó este esquema criminal”, remarcó.
La abogada reconoció como positivo el avance registrado hasta ahora en los procesos penales abiertos, pero advirtió que ese progreso resulta incompleto si no se contempla la asistencia integral a los afectados. “Más allá de las responsabilidades penales y las sanciones que puedan recaer sobre quienes actuaron dolosamente, no se puede dejar de lado a las personas que aún hoy siguen lidiando con las consecuencias emocionales y psicológicas de este atropello”, subrayó.
Asimismo, Núñez afirmó que el caso ha tenido un impacto profundo en la credibilidad del sistema judicial. “Estamos ante una causa de una envergadura tal que dañó seriamente la imagen de la justicia y de sus operadores. Si bien desde el Poder Judicial se han impulsado iniciativas para depurar expedientes y promover propuestas legislativas, sigue pendiente la asistencia profesional a las víctimas de uno de los esquemas criminales más vergonzosos de los últimos tiempos”, enfatizó.
En un mensaje contundente, la abogada sostuvo que el abordaje del daño humano es clave para comenzar a reconstruir la confianza ciudadana. “Este caso quedará en la historia. Las víctimas necesitan un gesto de sensibilidad por parte de sus autoridades. Eso es lo que realmente puede generar un impacto positivo y contribuir a limpiar la imagen de la justicia. Es un trabajo arduo, pero ineludible”, afirmó.
Finalmente, Núñez calificó el esquema como un “genocidio silencioso”, al señalar que dejó sueños truncados y vidas devastadas. “Hay personas con la salud mental gravemente afectada. Más allá de los avances procesales, debemos trabajar en cómo recomponer a esos ciudadanos, atender a las víctimas y generar espacios de diálogo y contención que les brinden herramientas para seguir adelante”, concluyó.
La causa conocida como la mafia de pagarés involucra a cerca de 70 imputados, algunos ya con procesos elevados a juicio oral y público, mientras otros aguardan la audiencia preliminar. Se trata de un esquema de despojo instalado en juzgados de Paz de la capital, donde jueces están acusados de actuar en connivencia con casas de cobranza para ejecutar embargos salariales y jubilatorios, incluso sin notificación previa a los afectados y con montos inflados por deudas mínimas, como la compra de un electrodoméstico.
