Un grupo de reconocidos profesionales del Derecho presentó un amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones que debe analizar el amparo promovido para acceder al registro de visitantes de Mburuvicha Róga, con el objetivo de respaldar y consolidar la acción judicial impulsada por Hugo Javier Portillo contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Gabinete Civil de la Presidencia.
La presentación fue firmada por Alejandra Peralta Merlo, Cecilia Pérez, Robert Marcial González, Diego Zavala y Felino Amarilla, quienes, en calidad de amigos del tribunal, aportaron un extenso y fundamentado escrito con precedentes jurisprudenciales incluidos estándares internacionales para revertir la decisión de primera instancia y hacer lugar al amparo, ordenando la entrega de la lista de ingresos a la residencia presidencial.
En el documento, los abogados desarrollan argumentos jurídicos y técnicos orientados a reafirmar el derecho de acceso a la información pública como una herramienta esencial de control ciudadano a la gestión gubernamental y de prevención de la corrupción. Sostienen que el caso compromete el ejercicio efectivo de un derecho fundamental en un contexto de especial gravedad institucional.
El escrito subraya que el presidente Santiago Peña ejerce de hecho sus funciones desde Mburuvicha Róga, convirtiendo a la residencia oficial en el centro neurálgico del poder político y administrativo. En ese marco, se señala que el Palacio de López quedó relegado, en los últimos meses, a actos protocolares y eventos públicos, mientras la agenda presidencial se desarrolla mayoritariamente en la residencia.
Según los firmantes, la falta de separación entre residencia y despacho presidencial, sumada a la opacidad sobre quiénes acceden al mandatario, crea un escenario propicio para reuniones no oficiales con contratistas del Estado, empresarios vinculados a licitaciones, contactos con magistrados y riesgos de tráfico de influencias, especialmente en ausencia de registros transparentes y controles efectivos.
Por ello, advierten que el expediente coloca al país ante una encrucijada institucional: la decisión del tribunal definirá si Paraguay avanza hacia mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas, o si retrocede hacia la opacidad y el secretismo que históricamente han favorecido prácticas corruptas.
Finalmente, los abogados remarcan que la invocación genérica de la seguridad nacional no puede operar como salvoconducto para negar información, y recuerdan que una democracia robusta se construye con ciudadanos informados, instituciones transparentes y funcionarios sometidos al control republicano.
