Los funcionarios judiciales continúan con la medida de fuerza. Esta mañana se concentran en la explanada del Palacio de Justicia desde las 7:30 y mantienen el paro de actividades hasta el mediodía, mañana se concentrarán frente al Congreso para acompañar el tratamiento del pedido. Reclaman un aumento salarial que, según denuncian, no reciben desde hace 14 años. Esperan que el Senado ratifique lo aprobado por la Cámara de Diputados.
Porfiria Ocholasky señaló que esta semana esperan un acatamiento del 80%. De aprobarse la propuesta, aproximadamente 4.000 funcionarios pasarían a percibir al menos el salario mínimo vigente. Recordó, además, que el sector lleva 15 años sin un incremento salarial, situación que calificó como “insostenible e injusta”.
La huelga afecta a todas las sedes judiciales del país, con el objetivo de visibilizar un reclamo que, según el gremio, ha sido postergado de manera sistemática.
El pedido incluye a actuarios, ujieres, dactilógrafos, oficiales de secretaría y personal administrativo, considerados esenciales para el funcionamiento del sistema judicial, pero que en muchos casos perciben salarios por debajo del mínimo legal.
El proyecto, aprobado en la Cámara de Diputados y respaldado por ministros de la Corte Suprema de Justicia, busca corregir la profunda inequidad salarial que afecta a aproximadamente 11.000 funcionarios judiciales, quienes no han recibido actualización de sus haberes desde hace más de una década.
Para financiar el reajuste, la propuesta plantea reasignar recursos originalmente destinados a obras públicas, con un costo fiscal estimado en G. 32.000 millones, que se aplicaría durante el último trimestre de 2026.
Los funcionarios adoptaron la medida de fuerza para exigir un reajuste en sus remuneraciones, que no experimenta una suba desde hace casi 15 años. Consideran que el costo de vida ya no les permite mantener una vida digna.
