Un intento de vulneración del acceso al depósito del Poder Judicial fue detectado en la mañana de este martes 11 de noviembre, en el predio ubicado en las calles Capitán Manuel Aranda y Gobernador Pedro Melo, del barrio Sajonia de Asunción.
El hecho fue advertido por el personal asignado al área, que notó una alteración en el mecanismo de cierre del portón principal al iniciar la jornada laboral. La irregularidad fue comunicada de inmediato por la responsable administrativa a las autoridades competentes, conforme consta en el parte policial N.º 5246/2025, elaborado por la Comisaría 2.ª Metropolitana.
De acuerdo con el informe policial, no se observaron daños externos visibles, pero al intentar abrir el acceso con la llave reglamentaria, se constató que la cerradura había sido manipulada. Tras ingresar al predio, el personal realizó una verificación exhaustiva del mobiliario, los dispositivos de resguardo y la documentación bajo custodia judicial, sin hallar faltantes ni alteraciones internas.
En cumplimiento del protocolo institucional, se dio aviso al Departamento de Criminalística y al Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, cuyos agentes realizaron las primeras diligencias técnicas para la recolección de evidencias y la identificación de posibles indicios de interés investigativo.
De manera paralela, el Poder Judicial dispuso la implementación inmediata de medidas de seguridad complementarias, que incluyeron la revisión integral del sistema de cerraduras, la instalación de nuevos equipos de videovigilancia y el reforzamiento del monitoreo perimetral. Estas acciones se aplican conforme a los estándares establecidos para recintos bajo custodia judicial, con el fin de prevenir cualquier intento de intrusión futura.
La Corte Suprema de Justicia reafirmó su compromiso con la seguridad institucional, la protección documental y la transparencia administrativa, garantizando la cooperación interinstitucional con los organismos de seguridad del Estado.
Asimismo, se confirmó que no se registró la sustracción de objetos ni de documentos, y que la denuncia fue presentada de forma preventiva para salvaguardar la integridad del patrimonio judicial y mantener la confianza ciudadana en la administración de justicia.
