Dos magistradas de distintos fueros comunicaron al Ministerio Público un presunto hecho de desacato atribuido al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, quien habría ordenado el traslado de personas privadas de libertad de alto perfil sin la autorización judicial correspondiente.
Entre los casos se encuentran los de Miguel Insfrán, alias Tío Rico, y Gloria Rotela, hermana de Javier Rotela, considerado líder de un esquema de narcotráfico.
La primera denuncia contra Nicora guarda relación con el traslado de Insfrán, señalado como presunto narcotraficante y líder de un grupo criminal transnacional. Este hecho generó la primera fricción entre las autoridades penitenciarias y el Tribunal de Sentencia que juzga al acusado en el marco de la causa A Ultranza Py.
El movimiento de Tío Rico al penal de Emboscada se realizó sin comunicación previa al Tribunal, lo que motivó la remisión de antecedentes al Ministerio Público para determinar si el hecho reviste relevancia penal, atendiendo a que el traslado de personas catalogadas como de alto perfil requiere autorización judicial.
El Tribunal de Sentencia adoptó esta medida tras no recibir el informe solicitado al Ministerio de Justicia, con el fin de conocer la justificación del traslado desde el penal de máxima seguridad de Minga Guazú hasta el Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada, donde el interno permanece bajo estricto control y sin contacto con otros reclusos, según Justicia.
Desde el Ministerio de Justicia informaron que el traslado respondió a razones de seguridad institucional. Sin embargo, la decisión generó preocupación en el Tribunal, ya que no se cumplió con el procedimiento de comunicación obligatoria.
El Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada María Luz Martínez e integrado por los jueces Federico Rojas y Dina Marchuk, solicitó al Ministerio de Justicia detallar los motivos, la fecha y el lugar exacto del traslado del acusado, considerado de alto riesgo penitenciario.
Una situación similar se registró con Gloria Rotela, trasladada al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE) sin cumplir con los criterios establecidos por el propio Ministerio de Justicia para reclusión en dicho establecimiento.
En este caso, fue la jueza especializada Rosarito Montanía quien comunicó el hecho a la Fiscalía, señalando que la justicia no autorizó el traslado y que el Ministerio de Justicia no presentó informe alguno que justifique la medida.
El nuevo penal femenino de Emboscada forma parte del modelo penitenciario de gestión moderna impulsado por el Ministerio, por lo que la incorporación de reclusas fuera de los parámetros definidos podría vulnerar las disposiciones judiciales y administrativas vigentes.
