Este jueves, el fiscal acusador Celso Ayala presentó sus alegatos en el expediente abierto contra la magistrada Nathalia Garcete, involucrada en el caso conocido como la mafia de los pagarés. En ese sentido, sostuvo que los hallazgos son reveladores y evidencian un mal desempeño funcional, al no haber fechado numerosas resoluciones mediante las cuales se decretaron embargos en perjuicio de las víctimas.
Ayala subrayó que la jueza no firmó 53 providencias, decisiones que sirvieron de base para el descuento pertinente en estos expedientes, resoluciones que no cumplían con los requisitos mínimos legales.
Agregó que los demandados eran personas de escasos recursos, entre ellos docentes, funcionarios públicos y jubilados, y que los juicios fueron montados en su perjuicio. Indicó además que las notificaciones fueron realizadas con cédulas también sin fechas y en un lapso irrazonable de 60 segundos en distintas ciudades.
“¿Qué nos dice la acusada? Es cierto que las providencias no tienen fecha. Yo me pregunto si la jueza dejó los espacios abiertos a los litigantes. Las resoluciones judiciales no son piezas decorativas en un expediente; son actos procesales que, como mínimo, deben estar fechados. Para el sistema de justicia, esto es una tomadura de pelo”, expresó el fiscal acusador Ayala.
El acusador señaló que la magistrada inobservó la ley, la cual establece que los jueces deben fechar sus resoluciones, y que el mal desempeño quedó probado con absoluta certeza, por lo que solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) su remoción del cargo.
Por su parte, la jueza Nathalia Garcete manifestó que en ningún momento actuó en connivencia con los abogados para perjudicar a los demandados, y que la acusación de la auditoría es de carácter genérico. Afirmó que nunca existió mala fe de su parte, ya que, al percatarse de irregularidades en algunos expedientes, retrotrajo los procesos.
También explicó que, al no existir una base de datos de los pagarés, no era posible determinar si estaban siendo ejecutados en más de una oportunidad.
La magistrada, actualmente suspendida en sus funciones y acusada por el Ministerio Público, acudió con sus abogados José Osorio y Norma Thomen para ejercer su defensa.
Finalmente, la jueza solicitó que la decisión del Jurado quede supeditada a las resultas del proceso penal, dado que se encuentra próxima la audiencia preliminar.
