Autoridades del sistema penitenciario instan a la Corte Suprema de Justicia a avanzar con urgencia en la ampliación del uso de tobilleras electrónicas, como una estrategia clave para enfrentar el hacinamiento en las cárceles del país. Aunque ya se ha identificado a cerca de 1.400 personas privadas de libertad que cumplen con los requisitos para acceder a este sistema de control, actualmente solo 20 dispositivos están en uso.
Los ministros Enrique Riera, del Interior, y Rodrigo Nicora, de Justicia, subrayaron la necesidad de agilizar la implementación y reconocieron la disposición de la Corte Suprema para avanzar en esta dirección. En ese sentido, destacaron la labor conjunta entre la Oficina Técnica Penal y la mesa de trabajo interinstitucional, encargadas de coordinar medidas operativas y legales para aplicar esta tecnología de manera más amplia y efectiva.
Riera aseguró que el Estado ya dispone de los recursos necesarios para garantizar un acceso justo y equitativo al sistema, y reiteró que más de la mitad de los potenciales beneficiarios alrededor de 800 personas están procesadas por hechos de violencia familiar. Subrayó además que las tobilleras no solo permiten un seguimiento continuo de los imputados, sino que también ofrecen mayor seguridad a las víctimas y facilitan la continuidad de los vínculos familiares y laborales de los procesados.
“El objetivo central es disminuir el hacinamiento sin poner en riesgo a la sociedad. Las tobilleras permiten aplicar medidas alternativas a la prisión, especialmente en casos donde no hay peligrosidad”, remarcó el ministro.
Por su parte, el ministro Nicora enfatizó que este sistema representa una herramienta moderna y eficaz para los jueces, cumpliendo con los estándares jurídicos y técnicos que exige la legislación vigente. Añadió que, más allá de descongestionar los penales, la tecnología busca mejorar la eficiencia del sistema penal y promover medidas más humanas.
“El dispositivo ofrece una forma de control que permite a los imputados continuar con su vida familiar y profesional, reduciendo el impacto emocional del encarcelamiento y facilitando su reintegración a la sociedad”, sostuvo.
Nicora también destacó que el costo del uso de las tobilleras es comparable al gasto que implica mantener a una persona en prisión, pero con beneficios adicionales en términos de rehabilitación y prevención de la reincidencia.
Actualmente, la mesa técnica interinstitucional está en fase de evaluación de cada uno de los casos que podrían acogerse al uso de este dispositivo, revisando las medidas cautelares aplicables y analizando las condiciones técnicas y legales necesarias para su ejecución formal.
En julio pasado la Corte Suprema de Justicia aprobó la ampliación del uso de tobilleras electrónicas en todo el país y para todos los hechos punibles contemplados en la ley, sin embargo, a dos meses de esta decisión solo 20 están operativas en su uso.
