Ante las reiteradas denuncias de profesionales del derecho que ejercen la defensa de mujeres privadas de libertad en el nuevo reclusorio de Emboscada, sobre las condiciones de encierro de sus clientas, la Oficina Técnica Penal (OTP) coordinó una visita con magistradas de garantías y de ejecución penal, con el objetivo de verificar las condiciones del lugar donde recientemente fueron trasladadas.
Las juezas realizaron una visita sorpresiva al nuevo Complejo Penitenciario para Mujeres (COMPLE), con el fin de constatar la existencia de agua potable, uno de los reclamos principales formulados por los abogados defensores. La jueza de garantías Elsa Idoyaga declaró a Judiciales Net que incluso probaron el agua para comprobar que fuera apta para el consumo.
Si bien la magistrada reconoció que aún se requieren algunos ajustes, teniendo en cuenta la magnitud de las instalaciones y que estas llevan pocos días de funcionamiento, resaltó los avances logrados hasta el momento.
«Hay agua, y además la consumimos para verificar su calidad. La estructura es impresionante. Faltan algunos ajustes, pero incluso cuenta con chef para la elaboración del menú», expresó la jueza Idoyaga.
Asimismo, destacó las áreas de panadería y cocina como parte de las instalaciones de este centro que busca consolidarse como una cárcel modelo en el país.
Además de la jueza Idoyaga, participaron en la inspección las magistradas María Lidia Wyder, Sandra Kricchofer, Chintia Sostoa y Rossana Bogarín.
El Ministerio de Justicia inauguró recientemente el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (COMPLE) en la ciudad de Emboscada, una obra sin precedentes que busca redefinir el enfoque del sistema penitenciario femenino en Paraguay. Con capacidad para albergar a más de 1.200 internas, este nuevo centro reemplaza definitivamente al antiguo establecimiento Casa del Buen Pastor, abriendo paso a un modelo de gestión más digno, seguro y orientado a la reintegración social.
Sin embargo, el recinto aún enfrenta una serie de dificultades señaladas por defensores públicos y privados, quienes denunciaron obstáculos para acceder a sus representadas, lo que ha motivado la intervención de las autoridades judiciales.
