El Poder Judicial presentó ante la Comisión Bicameral del Congreso su propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026, solicitando un incremento del 34 % respecto al presupuesto vigente. Esta ampliación responde a la necesidad de dar respuesta a la creciente demanda del servicio de justicia en el país.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César M. Diesel, acompañado de autoridades judiciales, detalló que el proyecto financiero fue elaborado en línea con el Plan Estratégico Institucional 2026–2030 y está diseñado para fortalecer el sistema judicial a través de tres ejes fundamentales: transformación digital, mejora del capital humano y expansión de la infraestructura.
Una de las principales novedades incluidas en el proyecto es la creación del Registro Unificado Nacional (RUN), una plataforma tecnológica que busca optimizar la trazabilidad y eficiencia de los procesos judiciales. Este sistema permitirá una mayor interoperabilidad entre dependencias judiciales, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la gestión interna.
El plan presupuestario también contempla la actualización salarial del personal judicial, junto con mejoras en las condiciones laborales, como parte del compromiso institucional con la dignificación de la función pública. Además, se prevén fondos para programas de formación continua, orientados al desarrollo profesional del personal técnico y administrativo en todo el país.
En materia de infraestructura, se proyecta la construcción y adecuación de sedes judiciales a nivel nacional. Estas inversiones permitirán ampliar la cobertura territorial del Poder Judicial y mejorar las condiciones de atención a la ciudadanía, garantizando un acceso más equitativo a la justicia.
El director de Administración y Finanzas, Mirko Duré, explicó que el incremento presupuestario contempla una estructura compuesta en un 75 % por fondos del Tesoro Nacional y un 25 % por recursos propios institucionales. Uno de los factores que impulsa esta variación es la reciente incorporación del servicio de Catastro al Poder Judicial, lo que implica nuevas funciones operativas y administrativas.
Duré también enfatizó que una parte significativa de los recursos solicitados está destinada a gastos operativos esenciales, cuya cobertura resulta imprescindible para garantizar la continuidad del servicio judicial en todo el país.
La propuesta fue formulada en conformidad con la Ley de Administración Financiera del Estado, cumpliendo con las atribuciones constitucionales del Poder Judicial. Con esta solicitud, la institución busca fortalecer su rol en el sistema democrático, promoviendo una justicia más eficiente, moderna y cercana a la ciudadanía.
