El juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia admitió la acusación presentada por el Ministerio Público contra la jueza de Paz Analía Cibils, señalada como presunta integrante de la estructura criminal conocida como la “mafia de los pagarés”, y fijó las fechas 11, 12 y 13 de noviembre para la audiencia preliminar.
En esa diligencia se decidirá si la causa será elevada a juicio oral y público, tal como lo solicita el Ministerio Público, que considera que existen suficientes elementos para someter a juicio a la magistrada por su participación en el esquema delictivo.
La acusación fue formulada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, quienes investigan uno de los casos de corrupción más graves que involucra directamente al Poder Judicial en los últimos años. La red criminal operaba desde varios juzgados de Paz de Asunción, y según la investigación, se utilizaban procedimientos judiciales fraudulentos para ejecutar pagarés falsificados y embargar bienes sin el conocimiento ni notificación previa a los supuestos deudores.
La causa salpica a tres jueces, funciones, dos exjueces de Paz, actuarios judiciales, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados vinculados a empresas de cobranza, quienes habrían conformado una estructura dedicada a falsificar documentos y simular procesos judiciales para apropiarse de bienes mediante embargos irregulares.
La jueza Analía Cibils, del Juzgado de Paz de La Encarnación de Asunción, está acusada por varios hechos punibles relacionados con asociación criminal, prevaricato, producción de documentos no auténticos y otros delitos vinculados al esquema investigado.
El caso, conocido como el de la “mafia de los pagarés”, ha generado una fuerte conmoción institucional por la profundidad del entramado y la participación de funcionarios judiciales en una presunta organización delictiva que operó con impunidad durante años.
Se encuentran varios procesos abiertos a raíz de este hecho y van avanzando a medida que los fiscales colectan la información requerida. Igualmente, el Ministerio Público ha logrado que algunos de los funcionarios implicados reconozcan los hechos, beneficiándolos con salidas al proceso penal a cambio de testificar contra los jueces que según los funcionarios recibían y reclamaban abiertamente el pago mensual por las notificaciones fraudulentas.
