La jueza penal de garantías Alicia Pedrozo resolvió otorgar libertad ambulatoria a Lourdes Rocío Aranda, abogada y exasesora jurídica de la extinta Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin), imputada por el fiscal Luis Piñánez en el marco de una investigación por presunta estafa dentro del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.
La resolución establece una serie de medidas, entre ellas: prohibición de salida del país y cambio de domicilio sin autorización judicial, comparecencia periódica al juzgado, ofrecimiento de una fianza de más de G. 40 millones, y la obligación de asistir a todas las citaciones de la causa. Aranda deberá presentar los documentos que respalden la fianza, incluyendo título de propiedad y tasación vigente, en un plazo de 20 días.
La causa se originó a partir de la denuncia de Luciana Bernadet Torres, enfermera jubilada del Hospital de Clínicas, quien en 2018 fue notificada de una supuesta deuda de G. 3.721.000 con Amuclin. Según su testimonio, canceló ese monto y recibió el comprobante correspondiente.
Sin embargo, en 2023 descubrió que desde su cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF) se le estaban realizando descuentos mensuales, por orden judicial, en concepto de una deuda que ahora asciende a G. 41 millones. La demanda fue promovida por Julia Mabel Acosta Rojas, quien actualmente alega ser la titular del derecho de cobro de la ya disuelta mutual.
Bernadet asegura no haber firmado nunca un pagaré ni tener relación con esa deuda millonaria. Desde diciembre de 2024, está sufriendo descuentos mensuales de G. 1.456.253, afectando directamente sus ingresos jubilatorios.
Para el Ministerio Público, detrás de esta maniobra estaría Lourdes Rocío Aranda, quien habría tenido un rol clave facilitando documentos y procedimientos presuntamente irregulares durante su paso por la asesoría jurídica de Amuclin. La Fiscalía sostiene que se trata de un caso más vinculado a una estructura de estafa basada en el uso de pagarés falsificados o inexistentes, y que la mutual nunca funcionó como entidad crediticia, sino que ofrecía asistencia al personal mediante servicios como la compra de víveres o ropa a crédito.
El fiscal Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, imputó a Aranda por estafa, calificada provisionalmente bajo lo establecido en el Artículo 187, Inciso 1° del Código Penal, en concordancia con el Artículo 29 del mismo cuerpo legal.
El caso sigue bajo investigación, y tanto la defensa como la Fiscalía deberán presentar nuevos elementos probatorios en las próximas semanas. Mientras tanto, la víctima continúa afrontando descuentos mensuales que afectan su jubilación, sin que hasta ahora se haya resuelto su situación.
