Por compurgamiento de la pena mínima, la justicia ordenó la libertad del exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre, y de Miguel Ángel Robles Ibarra, exjefe de gabinete de la Gobernación, ambos condenados en la causa conocida como “obras fantasmas”.
Los condenados habían cumplido la pena mínima según lo establecido en la ley, por lo que el Tribunal de Sentencia ordenó la inmediata libertad de ambos, pese a la oposición fiscal, que buscaba impedir esta decisión.
Tanto González como Robles fueron hallados culpables de haber creado una asociación criminal para desviar fondos de la Gobernación de Central, destinados originalmente a la reactivación económica tras la pandemia.
Los acusados utilizaron facturas falsas emitidas por contribuyentes de otras zonas del país e incluso funcionarios facultados para facturar a nombre de la ONG CIAP, lo que les permitió cobrar salarios de forma ilícita.
Consecuentemente, el tribunal condenó a Hugo Javier González a 10 años de cárcel por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos, en calidad de autor directo.
“La plata del pueblo paraguayo fue utilizada de forma irregular: desembolsaron G. 5 105 millones sin respaldo documental, y ni siquiera se presentó el convenio para explicar las 14 obras existentes”, afirmó la jueza Karina Cáceres. Según el tribunal, entre 2020 y 2021, Miguel Ángel Robles lideró el esquema junto con funcionarios, constructores y la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para apropiarse de fondos de la Gobernación.
“Se ejecutaron resoluciones el 29 de diciembre de 2020 —un día después de la transferencia de fondos COVID (G. 5 105 600 000)— autorizando pagos a CIAP sin documentación justificativa. González presentó documentos falsos ante la Contraloría, usó facturas clonadas y empleó un correo falso en la rendición de cuentas. Este tribunal revisó “papelito por papelito” y probó los hechos en juicio”, señaló la jueza Cáceres.
Además de Hugo Javier y Robles (condenados a 10 años), el tribunal sentenció a:
Javier Marcelo Rojas: 2 años (autoridad de Finanzas), Luis Eduardo Allende Araújo: 2 años (tesorero, con suspensión), Lourdes Lezcano Decoud: 2 años (secretaria general, con suspensión) y Modesta Valiente Escobar: 2 años (directora de Asesoría Jurídica, con suspensión).
La fiscalía acreditó el desvío irregular de G. 5 105 millones mediante documentos, pericias y testimonios, destinados a supuestas obras que jamás se realizaron.
