La abogada penalista Noelia Núñez lamentó la actuación de algunos integrantes del sistema de justicia, quienes actúan como secretarios de grandes corporaciones en detrimento de particulares humildes, que terminan siendo víctimas de un sistema penal inquisitivo.
Afirmó que las personas humildes no tienen la posibilidad de litigar en libertad, como debería ser, y que la presunción de inocencia se ve afectada cuando quien está imputado sufre el perjuicio de estar privado de libertad, pese a que las pruebas en su contra son sólo indiciarias y pese a haber puesto a disposición de la justicia las garantías necesarias para probar su sometimiento al proceso.
La profesional criticó la actuación desmedida del sistema penal cuando las denuncias provienen de grandes empresas, como aquellas dedicadas a la criptominería. Mencionó que, a veces, la única salida es recurrir a la recusación, una herramienta legal muy satanizada, pero válida para apartar a quienes han perdido objetividad o imparcialidad.
“La fiscalía debe dejar de actuar como oficina al servicio de estas grandes corporaciones; debe dejar de comportarse como secretaria de ejecutivos de empresas mineras. La fiscalía debe representar a la sociedad, salvaguardar la vida y la libertad. No podemos fomentar la impunidad protegiendo a los grandes representantes corporativos dedicados a la criptominería, que no sólo implican uso desmedido de energía limpia, sino también secuelas ambientales y sociales muy negativas por el ruido que genera este tipo de empresas al instalarse en zonas pobladas”, acotó la abogada.
Señaló que tanto jueces como fiscales deben actuar en representación de la sociedad y no como simples secretarios de grandes corporaciones. Puso de ejemplo el caso de su cliente, Marco Emmanuel González, un joven de 25 años que se encuentra en la cárcel por la sospecha de hurto de máquinas pertenecientes a un ciudadano francés.
Por esa razón, busca apartar al fiscal Bernardo Javier Elizaur, por su “selectividad punitiva”, que hace que se persiga a los “ladrones de gallina” y no a los de traje y corbata.
Cuestionó que, pese al avance de los tiempos y la permanente actualización a la que están obligados los abogados penalistas que esperan lo mismo de los operadores del sistema, esto no ocurre porque algunos fiscales y jueces siguen trabajando impunemente sin respetar garantías básicas del debido proceso.
