El Tribunal Especializado en Delitos Económicos entiende que, al tratarse de un caso en el que las víctimas son particulares y no entidades financieras o el Estado, debe ser un tribunal ordinario el que juzgue la conducta de Dany Durand y otros acusados por estafa y otros delitos.
El conflicto de competencia se inició ante la decisión del juez Juan Pablo Mendoza, quien envió el caso a un tribunal especializado. Sin embargo, los jueces de este fuero entienden que, para esta decisión, solo se tuvo en cuenta el supuesto perjuicio patrimonial, y no otras circunstancias, como el hecho de que las víctimas sean particulares.
“Surge la limitación de competencia, pues el objeto de juicio no ocupa una cuestión concatenada con la afectación de entidades del sistema financiero o del Estado. De la exposición vertida, hemos de concretar un vértice analítico que considera que, al estar ante víctimas particulares, ello certifica las premisas expuestas. Por consiguiente, la interpretación del magistrado solo se basó en el quantum de la acusación”, señala la decisión del magistrado Matías Garcete integrante del fuero penal especializado.
Agrega que el caso transitó toda la etapa anterior al juicio oral en el fuero ordinario y no cumple con los requisitos formales para que un tribunal especializado juzgue el caso. Ante esta situación, se remite el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que defina qué tribunal juzgará la causa.
De momento, tanto un tribunal ordinario como uno especializado, consideran que no tienen la competencia de juzgar la causa por estafa por lo que debe ser la máxima instancia la que ponga fin a la discusión.
En esta causa, el Ministerio Público acusó un perjuicio patrimonial de más de 867 millones de guaraníes, en perjuicio de unas 31 víctimas del esquema Mocipar. La acusación se formuló por los tipos penales de estafa y asociación criminal.
Además del exministro Dany Durand, en la causa están procesados Fernando Román Fernández, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba.
Recién cuando se resuelva el conflicto de competencia, la justicia iniciará el juzgamiento público de los acusados de haber perjudicado a numerosas personas a través de contratos leoninos con la firma Mocipar.
