Este miércoles, en sesión plenaria, la Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia del juez de Paz de Lambaré, también vinculado al esquema conocido como la «mafia de los pagarés».
En su momento, el ministro Eugenio Jiménez Rolín expuso una grave denuncia contra el juez José Segundo Velázquez, quien se inhibió en 2.872 expedientes, en algunos casos incluso después de haber emitido una sentencia, es decir, de manera extemporánea, según la denuncia presentada por el ministro.
También llama la atención que la jueza de Paz de Lambaré, Martha Benítez, nunca impugnó la inhibición de su colega, pese a tratarse de miles de expedientes en los que intervenía una abogada en particular.
Tras los hechos irregulares, la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender a ambos jueces y remitir sus antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para que adopte las medidas que considere pertinentes sobre ambos magistrados. Tras esta decisión, el juez presentó su renuncia, que fue aceptada por la CSJ.
En su momento, también se suspendió a los funcionarios que estaban vinculados a los hechos irregulares denunciados por el ministro Jiménez. Se trata de Ariel Paniagua Alonso, Hugo Molinas Duré y Ana Osorio de Blanco, a quienes también se les instruyó un sumario administrativo y se remitieron sus antecedentes al Ministerio Público.
“Se encontró una serie de irregularidades que llaman poderosamente la atención. Es que, después de una tramitación ya importante dentro de cada expediente, en algunos casos con sentencia, sobreviene una recusación sin expresión de causa, y en todos estos casos el juez se inhibe, evidentemente de forma extemporánea e improcedente, y el caso es remitido a Lambaré. Nunca el juez de Lambaré impugnó la inhibición. Esto, en algún caso, puede pasar, pero si se toma en consideración que sucedió en 2.872 expedientes, no es una cuestión meramente circunstancial, y más aún si se considera que esto ocurre con la intervención de una misma profesional”, acotó Eugenio Jiménez en su momento.
Estos actos irregulares fueron detectados por la Dirección de Auditoría de Gestión del Poder Judicial, que también confirmó notificaciones realizadas el mismo día y hora, pero en lugares distintos.
