Mientras el Ministerio Público informa que recibe cerca de 8 a 9 denuncias diarias por abuso sexual en niños, la cantidad de causas que finalmente ingresan al sistema judicial representa solo una fracción de ese total, lo que revela una preocupante brecha en el camino hacia la justicia.
Según datos oficiales de la Fiscalía, solo en el año 2020 se recibieron 5.793 denuncias de abuso sexual infantil. Sin embargo, entre 2020 y el primer cuatrimestre de 2025, el Poder Judicial registró apenas 5.841 causas ingresadas por este mismo delito, según el informe de la Dirección de Estadísticas Judiciales. Esto equivale a poco más de mil causas por año, mientras la Fiscalía podría estar recibiendo más de 2.500 casos anuales, incluso en años de baja incidencia.
Esta diferencia levanta una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con el resto de las denuncias? No se conoce cuántas de ellas son archivadas, desestimadas, o permanecen estancadas en etapa de investigación fiscal. La ausencia de datos intermedios impide dimensionar con precisión en qué punto del sistema se detiene la mayoría de los procesos.
El Poder Judicial también reportó que, en ese mismo periodo, se dictaron 1.481 condenas firmes por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Si bien cada sentencia representa justicia para una víctima, la cifra también refleja un sistema que condena en promedio a menos de 300 agresores al año, en contraste con miles de denuncias iniciales.
En cuanto a la distribución geográfica, la mayoría de las causas se concentran en circunscripciones de alta densidad poblacional. Central lidera el registro con 1.896 causas ingresadas, seguida por Alto Paraná, Capital e Itapúa. En contraste, zonas como Alto Paraguay, Boquerón y Ñeembucú presentan volúmenes significativamente menores, lo que puede responder tanto a una menor cantidad de denuncias como a dificultades estructurales en el acceso a la justicia.
Aunque el informe judicial brinda una valiosa radiografía de lo que efectivamente se procesa en los tribunales, el vacío de información interinstitucional entre el Ministerio Público y el Poder Judicial deja sin respuesta una cuestión central: ¿cuántas denuncias no llegan nunca a juicio, y por qué?.
Solo una parte de las denuncias por abuso sexual infantil llega a tribunales
