La máxima instancia ha aprobado un protocolo de actuaciones para depurar los miles de expedientes radicados en los juzgados de Paz. La iniciativa busca identificar los expedientes tramitados de forma irregular para que, de oficio, el juez proceda a su archivo.
En sesión plenaria, la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión del Consejo de Superintendencia, que ha instalado un equipo para depurar los procesos ejecutivos tramitados en los juzgados de Paz, tras estallar el conocido esquema denominado «mafia de pagarés».
El trabajo de investigación de cada expediente se centrará en determinar si los pagarés que dieron inicio al juicio tienen todas las características legales para ser reclamados o si están falseados.
La CSJ busca, con este primer mecanismo de trabajo, ayudar a los jueces con múltiples competencias a identificar los casos que se han tramitado incluso sin la participación de los afectados, para que, de oficio, el magistrado ordene el archivo de estos casos en los que se han trabado embargos sobre los haberes jubilatorios o de personal activo.
Para la detección de los expedientes irregulares, se trabajará con funcionarios del archivo de los tribunales, a quienes se les dotará de un espacio físico con computadoras para iniciar el proceso de selección de los casos.
“El punto más importante de este protocolo de actuaciones guarda relación con la identificación de expedientes que tengan irregularidades procesales que puedan llevar a la declaración de oficio de nulidades. Para esto, habrá que discriminar diversas casuísticas. Se hizo un relevamiento en los juzgados de Paz, donde se han identificado expedientes que no cuentan con sello de cargo en el escrito de demanda y, aun así, se han tramitado; o que no cuentan con fechas de admisión de la demanda; o que no consta el registro de sorteo en los casos; o que esté falseado; o que no se encuentre físicamente el documento ejecutivo reclamado”, señaló el ministro Alberto Martínez Simón al momento de brindar detalles del documento, que busca acelerar una solución para las personas víctimas de este esquema criminal.
Igualmente, se buscarán los expedientes que ya cuenten con pedido de finiquito de la parte actora, a fin de archivar aquellos casos donde exista una irregularidad latente, para que los mismos sean enviados al archivo de manera más rápida.
El equipo de trabajo ya se encuentra operando, según se ha informado desde la CSJ, con el objetivo de demostrar un interés real de la Corte en impedir que la justicia siga siendo instrumentada para perjudicar a los más vulnerables.
El protocolo fue elaborado con la colaboración de dos magistradas con una gran capacidad de gerenciamiento de sus despachos: la jueza Susana Granado y la jueza Liz Lobo.
Por otro lado, la máxima instancia pospuso para la siguiente sesión la aprobación de las acordadas que también están diseñadas contra la mafia de pagarés. Para ello, designaron a los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez para realizar los últimos ajustes al documento.
