El ministro Víctor Ríos presentó un informe de gestión sobre el desempeño de su despacho durante el último año, en el que detalló el volumen de expedientes tramitados, los niveles de resolución alcanzados y algunos desafíos institucionales que siguen en análisis dentro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Según los datos expuestos, durante el periodo 2025, ingresaron 5.937 expedientes para estudio de admisibilidad, de los cuales fueron resueltos 5.862, lo que representa el 99 % del total. De esta manera, quedaron pendientes 75 expedientes. En cuanto al análisis de fondo de las causas, Ríos explicó que se logró una reducción cercana al 90 % del volumen acumulado, pasando de entre 1.301 y 2.066 expedientes a un remanente de 235.
El ministro subrayó que, a diferencia de otras cortes o salas, en la Sala Constitucional no existe una política predeterminada de rechazar un porcentaje fijo de acciones presentadas. En ese contexto, precisó que del total de acciones promovidas, el 62 % fue rechazado en la etapa inicial, mientras que un 38 % resultó admitido. De estas últimas, el 62 % obtuvo una decisión favorable en el análisis de fondo.
Ríos consideró que estos indicadores reflejan la seriedad de los estudios de admisibilidad realizados, ya que —según explicó— cuando una acción es admitida suele existir una afectación real de derechos constitucionales o convencionales. Asimismo, valoró el trabajo de los abogados y abogadas que litigan ante la Sala Constitucional, destacando la calidad de las presentaciones.
Durante su exposición, el ministro también manifestó su preocupación por la filtración de votos antes de que se emitan decisiones formales, una práctica que calificó como negativa por afectar la transparencia y contaminar el proceso judicial. Señaló que se trata de un problema que requiere un abordaje institucional más amplio dentro de la Corte y que trabajan para limitar al máximo las filtraciones.
Finalmente, Ríos indicó que su despacho prioriza el tratamiento de causas vinculadas a sectores vulnerables, en particular aquellas relacionadas con salud, niñez y personas de la tercera edad, como parte de los criterios de gestión aplicados durante el año evaluado.
En otra parte del informe iremos detallando los demás temas abordados por el ministro Ríos durante una mesa de trabajo con los periodistas del área judicial, una práctica sana de las autoridades como mecanismo de transparencia en la gestión pública.
