Mil tobilleras electrónicas serán utilizadas en procesos penales a nivel país

La Corte Suprema de Justicia en pleno aprobó la ampliación del uso de tobilleras electrónicas en todo el país y para todos los hechos punibles contemplados en la ley.
 
A pedido de la Policía Nacional, la Corte extendió el uso de esta herramienta más allá de Asunción y el departamento Central; ahora su aplicación será nacional. La Policía asegura contar con la capacidad para responder ante cualquier eventualidad.
 
La presidenta de la Sala Penal, Carolina Llanes, informó que algunos pedidos fueron rechazados porque los beneficiarios carecían de conexión eléctrica legal e internet, lo cual impediría un control efectivo. Esta medida pretende facilitar la supervisión judicial y proteger a la víctima.
 
“Entendemos que la Policía cuenta con la infraestructura necesaria para implementar este monitoreo”, afirmó Llanes. Posteriormente, el pleno de la Corte aprobó su aplicación en todo el territorio nacional.
 
El Estado dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, que los magistrados podrán asignar en cualquier región del país. Este mecanismo de control podría contribuir a reducir el hacinamiento en las penitenciarías.
 
La empresa adjudicada suministrará hasta 1.000 dispositivos. Cada unidad costará entre G. 2.009.000 y G. 2.100.000, montos que deberán asumir los beneficiarios; si se declara su insolvencia, dicho costo será absorbido por el Estado.
 
La colocación de tobilleras quedará a criterio de cada juez penal de garantías. Ante una solicitud judicial, la Policía Nacional llevará a cabo un estudio de factibilidad que analice la señal GPS, la cobertura de radio y los perímetros de movimiento.
 
La Corte Suprema aprobó la Acordada N.º 1.779, que define el protocolo de aplicación de tobilleras electrónicas en casos de violencia familiar. Inicialmente limitada a esa esfera, hoy se amplía a todos los hechos punibles, y el juez de garantías debe considerar la opinión de la víctima antes de conceder este beneficio.
 
Además, los jueces disponen de un protocolo manual que deben seguir rigurosamente para garantizar la protección de las víctimas.
 
Corresponde a cada juez de garantías valorar el momento adecuado para aplicar el dispositivo, considerando la gravedad del hecho punible, los antecedentes penales del imputado, la necesidad de proteger a la víctima, su opinión y el nivel de riesgo. Asimismo, deben especificar en la resolución la duración exacta del uso de la tobillera electrónica, para evitar su aplicación excesiva o indefinida.