Según los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, los magistrados tenían pleno conocimiento de las irregularidades y firmaban resoluciones que autorizaban embargos preventivos sin notificación previa a los supuestos deudores. “Se valieron de la justicia para reclamar altas sumas de dinero mediante procedimientos totalmente ilegales”, señalaron los fiscales durante una conferencia de prensa.
Los imputados enfrentan cargos por prevaricato, uso de documentos no auténticos y producción de documentos falsos. Los allanamientos realizados en los juzgados de Paz de Recoleta, San Roque, La Encarnación y Catedral revelaron al menos 710 víctimas documentadas, aunque se estima que podrían existir miles más en un subregistro.
El Ministerio Público presentó acusación contra 61 personas vinculadas a una estructura criminal que operaba desde el sistema judicial, conocida como “la mafia de los pagarés”. La red habría ejecutado descuentos compulsivos ilegales a cientos de ciudadanos, sin que estos fueran notificados ni tuvieran conocimiento de los procesos en su contra.
La causa implica a dos juezas en funciones, dos exjueces de Paz, actuarios judiciales, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados representantes de empresas de cobranza, quienes habrían articulado un esquema de falsificaciones y maniobras procesales con el objetivo de ejecutar embargos sin conocimiento de los supuestos deudores.
Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero presentaron la acusación contra las juezas Analía Cibils (Juzgado de Paz de La Encarnación) y Nathalia Garcete (Catedral Segundo Turno); así como contra los exjueces Víctor Nilo Rodríguez (Recoleta) y Liliana González de Bristot (San Roque).
De acuerdo con la acusación, empresas de cobranzas, con el apoyo de sus abogados y funcionarios judiciales, promovían acciones preparatorias, juicios ejecutivos y juicios ordinarios de cobro basados en pagarés o deudas presuntas. Durante estos procesos, se simulaban notificaciones, se falsificaban informes y se dictaban resoluciones judiciales sin que los demandados tuvieran conocimiento alguno, permitiendo así embargos ilegales y el avance de los juicios sin legítima defensa.
Las resoluciones judiciales emitidas con base en documentación apócrifa y procedimientos irregulares violaban abiertamente el derecho al debido proceso y beneficiaban de manera directa a las partes actoras.
La lista de acusados está encabezada por jueces de Paz, seguidos por ujieres, actuarios judiciales y abogados de empresas de cobranzas.
Según los fiscales, los magistrados tenían pleno conocimiento de las irregularidades y firmaban resoluciones que autorizaban embargos preventivos sin notificación previa a los supuestos deudores. “Se valieron de la justicia para reclamar altas sumas de dinero mediante procedimientos totalmente ilegales”, señalaron durante una conferencia de prensa este miércoles en la Fiscalía General del Estado.
Los imputados enfrentan cargos por prevaricato, uso de documentos no auténticos y producción de documentos falsos. Los allanamientos realizados en los Juzgados de Paz de Recoleta, San Roque, La Encarnación y Catedral revelaron al menos 710 víctimas documentadas, aunque se estima que podrían existir miles más en un subregistro.
En el requerimiento conclusivo, los fiscales solicitaron la suspensión condicional del procedimiento para cuatro ujieres y el sobreseimiento de un abogado, quienes habrían colaborado con información clave para el avance de la investigación.
