El ministro Alberto Martínez Simón informó durante el pleno de la Corte Suprema de Justicia que se está trabajando en la redacción de un formato para que los jueces de Paz lo usen como guía al archivar casos tramitados con defectos procesales.
Desde varios sectores se ha solicitado el archivo de casos –o bien la suspensión de los descuentos– que afectan a compatriotas víctimas del esquema conocido como la «mafia de pagarés».
El ministro sostiene que este documento puede servir de base para que los jueces de Paz archiven en masa los procesos irregulares, como aquellos en los que no se ha notificado al afectado, según la mayoría de los casos detectados por el Ministerio Público.
«Estamos elaborando formatos estandarizados de actuaciones y resoluciones judiciales que vamos a poner a disposición de los juzgados de Paz para que les sean útiles a la hora de dar salida a una gran cantidad de expedientes que tropezaban con problemas o eventuales irregularidades; de modo que pronto puedan usarlos y emitir estas resoluciones masivamente», declaró Martínez Simón.
En su momento, la Corte Suprema de Justicia ya había aclarado que el órgano jurisdiccional está imposibilitado de anular genéricamente los juicios. La CSJ no puede intervenir en estos procesos porque existe un impedimento constitucional.
Aclararon además que la ley no les permite suspender o revocar decisiones jurisdiccionales de forma generalizada mediante una resolución administrativa. Están, por tanto, buscando un mecanismo legal para ayudar a los jueces a detectar procesos viciados de nulidad, ya que solo el magistrado que dictó el embargo o los descuentos compulsivos está facultado para suspender esta medida, siempre que no esté ajustada a derecho.
El Ministerio Público tiene imputadas cerca de 70 personas entre magistrados, funcionarios y abogados implicadas en el esquema, aparentemente montado en los juzgados de Paz de la capital.
La Corte Suprema de Justicia incluso impulsa iniciativas legislativas para frenar este esquema y proteger a la ciudadanía de casos en los que a través de la justicia se embargó a funcionarios públicos activos y jubilados.
