Libertad ambulatoria bajo fianza de 300 millones para expresidente del SENAVE

El juez Rodrigo Estigarribia decretó medidas alternativas a la prisión para Pastor Emilio Soria, procesado por presuntamente solicitar coimas a importadores para conceder registros sanitarios.

La agente fiscal Yeimy Adle imputó en su momento al presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), Pastor Emilio Soria Melo, así como a otros funcionarios y exfuncionarios, por el presunto pedido de sobornos a importadores.

A pedido del Ministerio Público, se decretaron medidas para sujetarlo al proceso penal que enfrenta por cohecho, lavado de activos y otros.

La sospecha también recae sobre los exfuncionarios Miguel Ángel Báez Soria y Martín Luis María Lezcano Villalba; los funcionarios Herminio David Batte Martínez, Juan José Lezcano Del Puerto y Sergio Marcos Rodríguez Escobar; y sobre terceros ajenos al SENAVE: Roberto Cárdenas Ramírez, Víctor Manuel Leiva Cardozo, Ramona Ysabel Arce Ramírez, Plinio Alcibíades Gamarra Morel y Eladio Figueredo.

Fueron imputados por los delitos de cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, asociación criminal, extorsión y lavado de dinero, con distintas modalidades de participación, entre ellas autoría, instigación y complicidad. Estas personas presuntamente exigieron sumas millonarias a importadores de productos frutihortícolas a cambio de autorizar el Certificado de Acreditación Fitosanitaria de Importación (AFIDI).

Según la denuncia de la asociación ASICOPACE, formulada el 4 de marzo de 2024 por Karen Leticia Leguizamón, funcionarias del SENAVE exigían pagos indebidos de G. 10.000.000 por cada AFIDI, cuando el costo oficial es de G. 17.715. El esquema operó entre diciembre de 2023 y abril de 2024: los importadores enfrentaron demoras injustificadas y presiones, incluidas llamadas y visitas de funcionarios y terceros con acceso a los datos ingresados en la Ventana Única del Importador (VUI).

Este sistema de cobro irregular afectaba directamente a los importadores, quienes se sentían obligados a pagar para evitar retrasos que ponían en riesgo sus productos.

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