El Ministerio Público de Paraguay anunció que el Área de Medicina Legal realizará una auditoría de todos los casos en los que intervino el médico forense Juan José Augusto Zaldívar Cáceres, detenido el pasado viernes durante un operativo de entrega vigilada por un presunto hecho de extorsión. La medida busca detectar posibles irregularidades en los informes emitidos y fortalecer la confianza en el trabajo técnico de la institución.
El director de Medicina Legal del Ministerio Público, Pablo Lemir, informó que a partir del lunes 9 de marzo se iniciará la revisión de los expedientes en los que participó Zaldívar, quien hasta su detención se desempeñaba como director interino de la Clínica Forense.
La decisión de auditar los casos se adoptó luego de que la investigación fiscal revelara que el profesional habría exigido 15 millones de guaraníes a un enfermero de menor rango, presuntamente a cambio de no denunciarlo por la presentación de un certificado médico supuestamente falso con el que habría intentado justificar su ausencia laboral.
El procedimiento de entrega vigilada se realizó en el estacionamiento de un centro comercial de la capital y estuvo a cargo del fiscal Federico Delfino, quien dispuso la detención del médico forense por los presuntos hechos punibles de extorsión y cohecho.
La Oficina de Medicina Legal cumple una función técnico-científica fundamental dentro del sistema penal, ya que brinda apoyo especializado a las investigaciones a través de exámenes médicos a víctimas e imputados, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, así como la elaboración de informes periciales que sirven como evidencia en los procesos judiciales.
En ese contexto, Lemir remarcó la importancia de revisar los casos para garantizar la transparencia del trabajo pericial.
“Cuando nosotros los médicos, y más los médicos forenses, traicionamos a la ética, es lógico que se siembren dudas en cuanto a toda nuestra acción”, expresó.
La auditoría buscará determinar si los informes elaborados por el profesional detenido presentan irregularidades que puedan afectar investigaciones penales en curso o ya concluidas.
