Este lunes 7 de julio, se inició el juicio oral y público contra los 18 acusados en el emblemático caso “A Ultranza Py”, considerado el mayor golpe al crimen organizado en la historia reciente del país. El proceso está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por los jueces María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas.
Entre los principales acusados figuran Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, presunto líder de la estructura criminal, actualmente recluido en la cárcel considerada de máxima seguridad de Minga Guazú; Juan Carlos Ozorio Godoy, exdiputado colorado, acusado de vínculos con el esquema de lavado de dinero; y Luis Fernando Sebriano González, señalado como brazo logístico de la organización.
Otros miembros clave incluyen familiares de “Tío Rico”, como sus hermanos José Alberto y Conrado Ramón Insfrán, así como el empresario Alberto Koube Ayala, supuesto líder del esquema de lavado, acompañado por su pareja y su hermana.
El abogado Álvaro Arias, defensa de “Tío Rico”, presentó incidentes para suspender el inicio del juicio, alegando imposibilidad material para elaborar una buena defensa ya que no puede conversar tan siquiera en privado con su cliente, porque todo el tiempo están acompañados por un custodio.
Relató, “solamente podemos ingresar los días lunes o martes por el lapso de una hora detrás de una barrera y en presencia de militares” . No obstante, el tribunal resolvió rechazar los planteamientos y dar apertura formal al juzgamiento, unificando las causas para evitar dilaciones y garantizar la eficiencia del proceso. Igualmente, el tribunal presidido por la jueza María Luz Martínez, adelantó que arbitrará los mecanismos de rigor para que los abogados puedan reunirse con sus clientes en un espacio adecuado y con la privacidad que requiere el caso.
Antecedentes del caso:
Según la acusación del fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, la organización operó entre 2018 y 2022, traficando cocaína desde Bolivia, con destino final en Europa y África. Se estima que el grupo movió más de 17 toneladas de cocaína, generando ganancias superiores a USD 430 millones.
El operativo A Ultranza Py involucró más de 100 allanamientos y la participación de una veintena de fiscales, desarticulando una red con ramificaciones en los ámbitos político, empresarial y religioso.
