El fiscal general del Estado conformó un equipo especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar posibles hechos punibles relacionados con titulaciones registradas entre 2023 y 2026 en carreras que no cuentan con acreditación vigente. La investigación se inició a partir de un informe remitido por la ANEAES.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una causa penal para investigar posibles hechos punibles relacionados con titulaciones registradas entre los años 2023 y 2026 en carreras que no cuentan con acreditación vigente.
La decisión quedó formalizada mediante una resolución que ordena, además, la conformación de un equipo de trabajo integrado por agentes fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción, con el objetivo de esclarecer los hechos comunicados al Ministerio Público.
La investigación se originó a partir de una nota remitida por el presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), José Fernando Duarte Penayo, quien informó sobre el estado de las titulaciones registradas durante el periodo señalado en carreras que no cuentan con acreditación vigente.
Tres fiscales especializados integran el equipo
Para llevar adelante las diligencias, Rolón designó a tres agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, con sede en Asunción.
El equipo estará integrado por la fiscala Silvia Margarita González Vester, quien tendrá a su cargo la dirección del grupo; Christian Manuel Benítez Cáceres; y Laura Mercedes Giacummo Fernández.
La labor se desarrollará bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín, quien supervisará la intervención del equipo en la causa.
Asimismo, la resolución designa a Betania Bernal, Helga Bruning, Jaime Cosetti y Claudia Noguera como relatores para colaborar con los fiscales en las tareas correspondientes.
El Ministerio Público busca esclarecer posibles hechos punibles
En los fundamentos de la resolución, el fiscal general señala que corresponde al Ministerio Público impulsar la investigación y dirigir la acción penal pública, para lo cual debe arbitrar los medios necesarios para reunir elementos de convicción, preparar una eventual acusación y participar en el procedimiento penal.
La conformación de un equipo especializado, según los argumentos expuestos en el documento, busca optimizar la investigación y el esclarecimiento de los hechos comunicados, cuya relevancia penal deberá determinarse durante el proceso.
La investigación deberá determinar eventuales responsabilidades
La apertura de la causa penal constituye el inicio de una investigación destinada a establecer si los hechos informados reúnen elementos que permitan atribuir responsabilidades penales.
La existencia de carreras sin acreditación vigente y el registro de titulaciones durante el periodo informado por la ANEAES son los antecedentes que dieron origen a la intervención fiscal. Sin embargo, la falta de acreditación vigente no demuestra, por sí sola, que un título sea falso ni que se haya cometido un delito.
Por ello, las diligencias deberán determinar las circunstancias de cada caso, la situación de las titulaciones involucradas y la eventual existencia de conductas penalmente relevantes.
Con la designación de los fiscales y sus colaboradores, el Ministerio Público formaliza así el inicio de las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias denunciadas por la autoridad de evaluación y acreditación de la educación superior.
