La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley N.º 1160/97, Código Penal Paraguayo, referente a la denuncia falsa”, tras aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores. La iniciativa busca endurecer las sanciones cuando una denuncia falsa genere consecuencias penales para la persona denunciada.
La versión aprobada inicialmente por Diputados incorporaba un agravante para los casos en que una denuncia falsa provocara la aplicación de una medida restrictiva de libertad dentro de un proceso penal. Para estos supuestos, se establecía una pena privativa de libertad de hasta seis años, además de una sanción patrimonial complementaria.
No obstante, el Senado modificó la redacción del proyecto. El texto remitido a la Cámara Baja establece que la pena privativa de libertad podrá aumentarse hasta seis años cuando las conductas se refieran a hechos antijurídicos considerados crímenes. Asimismo, contempla la aplicación de la composición prevista en el artículo 59 del Código Penal, en reemplazo de la sanción patrimonial complementaria establecida en la versión original.
Durante el tratamiento de la propuesta, el diputado Jorge Ávalos Mariño, presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, expuso el dictamen favorable de la comisión para aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara Alta.
La iniciativa tiene como finalidad proteger la administración de justicia y prevenir el uso abusivo del sistema judicial, sin dejar de garantizar la protección de las personas que realmente son víctimas de hechos punibles.
Entre los fundamentos del proyecto, el proyectista señala que la experiencia internacional registra debates y reformas relacionados con las sanciones por denuncias falsas. En ese sentido, plantea la necesidad de establecer mecanismos que permitan investigar exhaustivamente las denuncias y resguardar tanto a las víctimas reales como a las personas falsamente acusadas.
La propuesta también busca equilibrar la sanción de las conductas que constituyan un abuso del sistema judicial con la protección de quienes necesitan recurrir a la Justicia, teniendo en cuenta la importancia de evitar que el endurecimiento de las penas desaliente la presentación de denuncias legítimas.
Tras la aprobación de las modificaciones introducidas por el Senado, se dispuso la remisión del proyecto al Poder Ejecutivo para continuar con el trámite constitucional correspondiente.
